La guerra del agua | Querétaro

La guerra del agua

Víctor López Jaramillo

El debate es: ¿tener acceso al agua potable es un derecho o un privilegio por el que hay que pagar? Al parecer, para los diputados panistas y sus comparsas de Querétaro Independiente, es un privilegio y es necesario comenzar una privatización del servicio de agua. 

La semana pasada se aprobó la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento que, bajo el argumento de modernizar el marco legal, en la realidad lo que hace es dar un paso hacia la privatización de la distribución del agua potable al permitir que particulares puedan tener una concesión por 20 años con prórroga de 20 años más. 

Si bien es cierto que el agua en nuestra entidad presenta un doble problema, en lo general de abastecimiento para toda la población que está en constante crecimiento, como en lo particular de distribución para los nuevos fraccionamientos; la solución no es dejar en manos de particulares esta última función. 

Recordemos que, en 2018, 22 mil familias de La Pradera que se vieron obligados en cierto momento a contratar solamente los servicios de la empresa Aqua dado que era un acuerdo entre los desarrolladores urbanos y la empresa de agua (https://bit.ly/3ajqdHM)

O bien, cuando vecinos de El Refugio denunciaron que la empresa que se vieron obligados a contratar les distribuía agua contaminada, de acuerdo a un estudio que ellos mismos habían mandado a hacer y que la empresa siempre negó (https://bit.ly/39N46cy)

Con la nueva ley, los panistas en vez de corregir la situación, simplemente la legalizan, dejando en claro que lo que importa es dar concesiones a los amigos para que ganen dinero y que los derechos de la ciudadanía no importan. 

En un espacio de discusión en Twitter organizado por Tribuna de Querétaro, la especialista Claudia Romero Herrera, del proyecto Bajo Tierra Museo del Agua en Querétaro, señaló que la nueva ley panista hacía legal las irregularidades que se venían presentando y que significaba, en términos prácticos, una privatización del servicio. 

Romero Herrera agregó que significa reconocer el fracaso del Estado en favor de los monopolios del agua que están surgiendo aliados con los nuevos dueños de la tierra en Querétaro. 

Y para rematar, la activista sociohídrica advirtió: “ordenar no quiere decir legalizar, dar un espaldarazo y hacer la norma. Legalizar quiere decir poner en orden y fijar la responsabilidad y por supuesto revocar y hacerse cargo de ese abastecimiento que le correspondía al Estado” 

Así pues, estamos en las vísperas de un nuevo orden en materia del vital líquido donde el Estado ha renunciado a favor de las empresas. 

Aparentemente, Para Acción Nacional todo debe estar al libre mercado sin nada que lo regule, por eso, siendo congruente, lo primero que los panistas vendieron fueron sus almas al mejor postor. 

Periodista y sociólogo. @viloja

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