“Se puede ganar con la mitad, pero no se puede gobernar con la mitad en contra” John F. Kennedy.

Y la frase se cita, en virtud de que, conforme a las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las reformas laborales, plasmadas en el artículo 123 de la Ley Suprema (Artículo 2° transitorio del Iniciativa de Reformas, enviadas al Poder Legislativo, por el  Poder Ejecutivo el 27 de febrero del 2016, aprobadas Constitucionalmente por los Congresos Estatales), la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje y la creación de Tribunales del Trabajo, deberán a comenzar a regir a partir de Febrero del 2018.

Este año  de 2017 y en especial  2018, se caracterizan por varias elecciones; el primero por la del Estado de México (La Joya de la Corona, como le llaman algunos políticos) y el 18 por la presidencial.

México vive una incipiente y tímida democracia en gestación, algunos gobernadores son en realidad señores feudales y de antemano piensan que el cambio en materia laboral, debe de ser  sustentado con presupuesto de la federación (están equivocados), desde la Presidencia de la República, según ha trascendido, se han gastado miles de millones de pesos para ganar la Joya de la Corona y en los Tribunales Judiciales estatales, así como en el personas de las juntas de conciliación y arbitraje (federales y locales), sus preocupaciones son diversas y fundadas.

En los primeros empiezan a capacitar a sus integrantes para recibir una verdadera cascada de juicios laborales y por ello el conocimiento del Derecho del Trabajo es esencial y dentro de los segundos, su inquietud versa principalmente en saber si conservarán o no sus empleos. Lo cierto, lo real, lo que estamos viendo, es que la reforma en cuestión, está dejando más dudas que certezas y no sólo en el personal mencionado, sino en el ámbito académico, social, jurídico y político, pues aún esperamos un Código Federal del Trabajo.

Cuando no existe información, el vacío lo llenan trascendidos, chismes y opiniones infundadas. Se ha llegado a afirmar, que el Consejo de la Judicatura, ha sostenido reuniones con altas autoridades laborales y les ha expresado que el Poder Judicial de la Federación, no aceptará juicios laborales en trámite, situación que a mi juicios es infundada, ya que no se estaría cumpliendo con el mandato Constitucional; por otro lado, se comenta que el problema será el presupuesto para los Poderes Judiciales Estatales y de la Federación, situación que es cierta y esta tarea corresponderá a los Congresos respectivos, considerarla en los presupuestos para el 2018.

Aquí es donde se nos complica una poco más la cosa. Repito, 2018 es un año axial para México; no sólo por la elección presidencial, sino por el cambio en algunos estados de los integrantes de sus Congresos y la situación se empeora un “poquitín” por el bajo porcentaje con que últimamente han ganado las elecciones en algunos estados y en la federación, de ahí que es menester recordar la frase inicial de J. F. Kennedy: “Se puede ganar con la mitad, pero no se puede gobernar con la mitad en contra” y como usted conoce, en nuestro país no existe en materia electoral “la segunda vuelta” que de implementarse, nos daría mayor gobernabilidad.

De lo anterior deducimos que vivimos en un país de leyes no de Derecho; es decir; pregunte usted a cualquier abogado, cuántas leyes y reglamentos existen en toda la República Mexicana, con certeza no tendrán respuesta a su interrogante y por lo que al suscrito toca, tampoco sé la respuesta, pero sí le puedo asegurar que es un número inmenso de leyes y reglamentos, incluso algunos totalmente desconocidos para los abogados; empero cabe regresar al principio de “El desconocimiento de la Ley, no excusa de su cumplimiento”.

La realidad es que, aún cuando el suscrito fue y ha sido un promotor del cambio que aquí le comento, ahora tengo cierta inquietud al ver el gran número de problemas operativos que conllevará la transición de la Justicia Laboral a los Poderes Judiciales, pues el elevado número de juicios laborales es tremendo y algunos, bastante complicados. Por último, de momento sobre el tema, recuerde usted que los Poderes Ejecutivos, Locales y el Federal, deberán nombrar a un Titular (federal y en los estados), de los Centros de Conciliación y aquí la reforma, tiene la gracia de una “bailaora” de flamenco, pues en este aspecto, los Centros seguirán dependiendo de los Poderes Ejecutivos.

En fin, el futuro de la Justicia Laboral se ve nublado y no tan sencillo y lo repito, agregue  usted los problemas que veremos en las próximas elecciones de los Congresos y Poderes Ejecutivos, la solución no se ve tan fácil.

Hace unos meses, platicando con tres ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos nombres me reservo pues no estoy  autorizado para citarlos, llegamos a dos conclusiones que vienen perfectamente al caso, y ojalá jueces, magistrados y ministros recuerden: “No es lo mismo resolver que juzgar” y termino recordando otra conclusión recordando a Francisco de Quevedo: “Donde hay poca Justicia, es un peligro tener la razón”.

Desde luego amigo lector, usted tiene una mejor opinión.

*Especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, por la Universidad de Salamanca, España. 
Certificado por el Notariado de la Unión Europea.
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