Iniciada formalmente hace un año, la transmisión del poder en el gobierno de Baja California se halla atorada en una pugna escandalosa entre polos que buscan su mutua aniquilación. Lo insólito es que la protagonizan dos personajes emanados del mismo partido, Morena, y que ambos se ostentan como representantes del movimiento que encabeza el presidente López Obrador.

El exgobernador Jaime Bonilla —una anomalía política montada en dinero y cruce de intereses— ha logrado acorralar a su sucesora, Marina del Pilar Ávila, en una operación en la que cada uno disputa a dentelladas cuotas de poder, sea en el Congreso, las alcaldías, la seguridad pública o hasta el manejo del Ministerio Público.

El telón de fondo de esta suerte de guerra civil entre políticos es un crecimiento de la violencia criminal en los principales escenarios de la batalla, en particular Tijuana, la principal ciudad fronteriza y una de las cinco más importantes del país. Otro ámbito desolado es la propia política, pues las elecciones locales del año pasado revelaron una representación irrisoria de partidos históricos como PRI y PAN, mientras que el Partido Encuentro Solidario devino en franquicia adquirida por la familia Hank.

La gobernadora Ávila Olmeda impulsa acusaciones penales contra su antecesor y correligionario Bonilla Valdez, que deberá atender un citatorio judicial el próximo día 15 por imputaciones serias de corrupción. La entrada de la nueva administración se estrenó tumbando al fiscal bonillista, Guillermo Ruiz, que no cumplió siquiera dos de los ocho años para los que fue designado. Su relevo, Ricardo Carpio, se vio involucrado el 8 de junio en un escándalo cuando un agente ministerial con el que se le atribuye cercanía fue detenido al cruzar la frontera con San Diego con 30 kilos de metanfetaminas ocultos en su vehículo.

El señor Bonilla gobernó el estado por dos años bajo señalamientos de que atropellaba no sólo la ley sino la Constitución federal y una controvertida relación con Ricardo Peralta, exsubsecretario de Gobernación, ex responsable del sistema de Aduanas del país y uno de los actores más polémicos dentro de la llamada cuarta transformación.

En diversos episodios Bonilla ha disfrutado de un manto de simpatía, por decir lo menos, de la anterior titular de Gobernación y presidenta saliente del Senado, Olga Sánchez Cordero, lo que incluye hoy la controversia sobre si podrá o no reasumir su escaño en la cámara alta.

Otros tres actores en esta disputa por el poder en Baja California enrarecen más —si eso fuera posible— el panorama. El primero es el esposo de la gobernadora Ávila, Carlos Torres, panista de larga data, apadrinado  en un primer matrimonio por el expresidente Felipe Calderón y con una abierta injerencia en los asuntos de la administración local morenista. La segunda es Montserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana, cercana a Bonilla y adversaria de la mandataria estatal.  El tercero es Amador Rodríguez Lozano.