La demócrata Nancy Pelosi, Presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, anunció el pasado martes 24 de septiembre su decisión de iniciar el proceso de impeachment (juicio político) contra Donald Trump “por los deshonrosos hechos de encubrimiento, traición a nuestra seguridad nacional y a la integridad del sistema electoral”. Ningún Ejecutivo Federal estadounidense ha sido destituido por ese procedimiento.

Desde el inicio de la administración Trump, la idea de su remoción ha sido operada por los demócratas cuando éste era candidato presidencial en 2016. Ahora se plantea la transcripción de una llamada telefónica entre Trump y el presidente Volodymir Zelensky, en la cual el estadounidense presionó al ucraniano para que revelara acusaciones de corrupción en contra el hijo del exvicepresidente y aspirante demócrata mejor colocado para la contienda del próximo año, Joe Biden.

La prudencia con que los demócratas han contemplado la posibilidad de iniciar juicio político contra el mandatario es proporcional a la gravedad de la acusación: “Trump habría condicionado la ayuda militar a un aliado crucial, vecino de la superpotencia rusa, a cambio de la complicidad para influir en la contienda interna de los Estados Unidos”. En ese caso el magnate puso en juego intereses vitales de la nación para beneficio exclusivo de sus propias aspiraciones electorales.

Los demócratas calculan las consecuencias políticas que podría tener una eventual victoria de Trump en el proceso. Para que el juicio prospere es necesario el apoyo de dos terceras partes de los senadores (67 de 100). Objetivo inalcanzable para la fracción demócrata que sólo suma 45. A menos que se produjera una ruptura tan inesperada como improbable en las filas de los republicanos, todo apunta a que Trump sería absuelto gracias al entramado de intereses empresariales, armamentistas (NRA) y xenófobos (Tea Party) que le ofrecen un apoyo absoluto.

Resulta atroz que una “presidencia desquiciada” cuente con una coraza inquebrantable, en virtud de que los mecanismos democráticos de contrapeso existentes en la ley se revelan inoperantes en la realidad a consecuencia de los intereses corruptos. A los países afectados por la hipocresía sólo les queda apostar a la teoría del “Pato rengo”, esto es al debilitamiento del país más poderoso del mundo por efecto de la descalificación de sus gobernantes. Es obvio que México debiera actuar de modo más contundente en defensa del interés nacional. Debiéramos privilegiar nuestra acción en los foros multinacionales, en vez de empantanarnos en un bilateralismo tramposo y cortoplacista.

Diputado federal

Google News