En el último año la corrupción y la falta de transparencia han cobrado mayor relieve en la opinión pública y han empezado a cobrar facturas importantes a los gobernantes, aunque en sí no han pasado del bullicio mediático. Uno de los principales ejemplos es el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el que los escándalos de corrupción han sido una constante y uno de los principales elementos que explican la caída en su aprobación. La casa blanca, la cancelación del proyecto del tren México-Querétaro, la publicación de los contratos de OHL con el gobierno del Estado de México, las propiedades del secretario de Hacienda, Oceanografía, los grandes negocios y concesiones a los amigos del presidente, entre otros, han terminado por desgastar la credibilidad del gobierno peñista ante la opinión pública. Otra parte de esta caída se explica por el pésimo manejo de la desaparición de 43 los normalistas de Ayotzinapa.

En la encuesta del periódico Reforma publicada en noviembre de 2014, podemos observar el efecto que tuvo este episodio en la opinión pública y la pérdida de credibilidad de Peña Nieto: el 71% de la población consideraba que existía un conflicto de interés de la esposa del presidente y la inmobiliaria Grupo Higa; el 72% de la población declaraba creerle poco o nada al presidente cuando daba explicaciones de sus propiedades, y el 66% de la población consideraba que no era transparente en su declaración patrimonial.

Ante el creciente desencanto de la ciudadanía hacia el mandatario y su administración, el gobierno federal impulsó la aprobación de la Ley Anticorrupción, que incluye la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, esto no tuvo gran impacto, ya que la percepción de la corrupción en la administración actual es generalizada.

Pocas semanas después, el gobierno experimentó una de las peores crisis de credibilidad que resaltó nuevamente el tema de corrupción en las instituciones, al comprobarse el entorno de contubernio en la fuga del Chapo Guzmán de un penal, supuestamente de alta seguridad. No es de sorprenderse que en la última encuesta de Latinobarómetro, más del 70% de la población califica al gobierno como poco o nada transparente y como consecuencia de esto, Peña Nieto es uno de los mandatarios peor evaluados en América Latina.

La corrupción ha sido uno de los principales obstáculos al desarrollo de la democracia, por sus efectos nocivos en el fortalecimiento institucional y en el crecimiento económico. Tan es así que la Organización de las Naciones Unidas ha tomado cartas en el asunto formalmente desde el año 2005. Sin embargo, durante muchas décadas en la opinión pública mexicana existió cierta tolerancia a la corrupción de las autoridades a cambio de gobiernos considerados eficientes. No obstante, actualmente la corrupción ha tomado mayor protagonismo en el imaginario colectivo y comienza a posicionarse como un tema de relevancia en la ciudadanía, tanto para evaluar a sus autoridades como para tomar decisiones electorales.

En nuestro país la importancia de la corrupción puede considerarse un arma de doble filo: por un lado, su ascenso a las esferas de la opinión pública y el círculo rojo hacen que el problema se torne cada vez más difícil de aplazar o ignorar por los propios políticos; por otro, el hecho de que la atención y la discusión sobre el fenómeno de la corrupción estén motivadas por incentivos políticos, fundamentalmente electorales y no por cuestiones o consecuencias legales o judiciales, que impliquen que su atención y solución estén sujetas a los intereses, voluntades y tiempos políticos, y no a las instituciones de procuración de justicia, donde su castigo es letra muerta. El punto es que no existen reglas claras, conocidas por todos que se aplican con rigor, elementos clave de un Estado de derecho. La corrupción es producto de toda la estructura de gobierno creada y concebida para controlar al ciudadano. Cuando el gobierno federal era todopoderoso se controlaban los peores y más absurdos excesos de la corrupción al menudeo.

Hoy la corrupción tiene muchas caras y muchas procedencias. Muchas entrañan la interacción entre actores públicos y privados, que con el actual gobierno se ha vuelto endémica.

Consejero electoral del INE. [email protected]