La defendida hasta el último acto con las fuerzas armadas, por parte de Enrique Peña Nieto, Ley de Seguridad Interior (LSI) sufrió un grave revés, ya que fue desechada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por nueve votos contra uno (éste, del ministro Jorge Pardo Rebolledo). Así pues, la posibilidad de que los militares fueran los que decidieran qué hacer en cuanto a seguridad interior no avanzó. Algo que habían cuestionado, acertadamente, organismos internacionales y nacionales de derechos humanos.
En ésas andábamos, cuando Andrés Manuel López Obrador envió su Plan de Paz y Seguridad, que espera ser el eje rector para enfrentar la violencia en nuestro país, la cual ha llegado a la macabra cifra de 80 asesinatos por día.
En el Plan se incluyen medidas anticorrupción, defensa de los derechos humanos, regulación de las drogas (adelantado por Olga Sánchez Cordero), consejos de construcción de la paz y, sobre todo, la organización de una Guardia Nacional. Esto último ha causado un amplio rechazo por parte de los activistas que han insistido en la no militarización de la vida pública.
Y es que en dicha Guardia, el ejército encabezará la operación contra la delincuencia, algo que para los garantes de los derechos humanos es inaceptable. Además, las experiencias en otros países: España, Francia y Chile, es que la gendarmería está a cargo de un civil, con el objeto de que las fuerzas armadas sean controladas. No se trata, como se pretende ahora, de confiar en la buena fe de alguien sino en poner los diques para que no ocurran acciones como Tlatlaya y Ayotzinapa, entre muchos. Incluso no hay consenso al interior del grupo gobernante respecto a esta medida, pues Tatiana Clouthier dijo que escucharán a los están inconformes con la propuesta.
En la CDMX, se presentó al nuevo encargado de la seguridad pública: Jesús Orta. Y al preguntarle a Claudia Sheinbaum si en esta capital estará presente la Guardia Nacional, dijo que no.
¿Otra diferencia en el equipo de López Obrador? ¿O las contradicciones afloran?
