El senador con licencia Cristóbal Arias Solís está convencido que fueron los exgobernadores Leonel Godoy Rangel y Lázaro Cárdenas Batel, quienes descarrilaron su candidatura por Morena al gobierno de Michoacán. Y no solo porque el que se alzó con la candidatura, Raúl Morón Orozco, influyente líder de la disidencia magisterial en el estado, es aliado incondicional y estratégico de Godoy. También porque Arias no ha dejado de señalar que éste y su antecesor, Cárdenas Batel, estarían involucrados en otro caso de sobornos de la brasileña Odebrecht, presuntamente pagados a funcionarios de sus respectivas administraciones para la construcción de la presa “Francisco J. Mújica”.
Arias —quien buscará por tercera vez la gubernatura michoacana, ahora con los colores del emergente partido Fuerza Social por México (FSM) del sindicalista aliado de la 4T Pedro Haces Barba— argumenta que solo la existencia de pactos políticos o de impunidad explicarían por qué perdió la encuesta definitoria de la candidatura morenista, cuando estuvo durante meses al frente de las preferencias en más de 40 sondeos.
Dicen los enterados de la “grilla” michoacana que dar la candidatura de Morena al ahora exalcalde de Morelia, Raúl Morón Orozco, fue el pago de una cuota política de AMLO a la CNTE, pero los maliciosos piensan que es un blindaje contra los efectos que este potencial escándalo representa para Cárdenas Batel, hoy coordinador de asesores del Presidente; y Godoy Rangel, hoy candidato a diputado federal por la vía plurinominal.
En términos cronológicos, los grandes sobornos de Odebrecht habrían ocurrido entre 2010 y 2013, esto es, a finales del gobierno de Felipe Calderón e inicios del de Enrique Peña Nieto. Pero resulta que en las postrimerías del gobierno michoacano de Cárdenas Batel (2002-2008) se proyectó la construcción de la presa “Francisco J, Mújica”. Investigaciones periodísticas aseguran que, en 2005, el entonces gobernador de Michoacán (mediante la relación de amistad entre su padre, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y el entonces presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva), tuvo contacto con Odebrecht y contrató servicios de ella para la construcción de la presa.
El desarrollo del embalse tocó al gobierno de Godoy Rangel (2008-2012). Cuatro años después, el 30 de mayo de 2017, una investigación de “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad” (MCCI) reveló que el costo final de la presa fue de tres mil millones de pesos, el doble de lo originalmente presupuestado, dato que corroboraría la Auditoría Superior de Michoacán (ASM). Y cinco meses después documentó el pago de presuntos sobornos a Víctor Guerra Reyes, quien fuera durante los gobiernos de Cárdenas y Godoy el responsable de la construcción de la presa.
De acuerdo con esas investigaciones, la Policía de Andorra detectó que Guerra Reyes recibió en su cuenta de la Banca Privada de ese principado europeo, dinero de Klienfeld Services, una de las empresas offshore que utilizaba el departamento de sobornos de Odebrecht para ocultar pagos ilegales. MCCI asegura que el funcionario michoacano transfirió el dinero a otra cuenta de Caixabank de Barcelona a nombre de un pariente.
Otro de los señalados de recibir sobornos es un personaje al que los michoacanos conocían como “el hombre de negro”, Gabriel Mendoza Jiménez, quien es hoy secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Fue secretario del ramo en Michoacán con Cárdenas Batel y después nombrado por Godoy director de la Comisión para el Desarrollo Económico y Social de Tierra Caliente, entre cuyas funciones estaba la construcción y administración de la presa “Francisco J. Mújica”. Contra él no pesan evidencias como las fincadas por la Policía de Andorra a Guerra Reyes, pero sí la responsabilidad de las irregularidades encontradas por la ASM.
A mediados del año pasado la Fiscalía de Michoacán determinó desestimar por considerarlas prescritas las denuncias por los referidos sobornos, decisión que fue impugnada por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Hace tres días, entre tanto, se conoció el congelamiento de cuentas por 48 mil millones de pesos de al menos 23 empresarios e inversionistas mexicanos en el Banco Privado de Andorra, en pesquisas que tienen en el centro a un hombre clave, Juan Ramón Collado, abogado de confianza de Peña Nieto y quien fuera detenido en julio de 2019. ¿Estarán entre ellos los nombres de los involucrados en los sobornos de la presa “Francisco J. Mújica”?
Cuánto fondo parece tener el descarrilamiento de una candidatura morenista.
Instantáneas:
1. BANXICO. La reforma a la Ley del Banco de México aprobada por el Senado en diciembre pasado y que plantea que las divisas que no sean repatriadas por las instituciones financieras a su país de origen sean parte de las reservas internacionales y fortalecer la economía de las familias mexicanas que reciben remesas en efectivo, dejó de ser prioridad para la fracción de Morena en la Cámara de Diputados. Tras los señalamientos en Parlamento Abierto que advierten los riesgos de que dichas modificaciones expondrían al banco central al lavado de dinero del narcotráfico, el coordinado en San Lázaro del partido en el gobierno dijo que sus prioridades en febrero serán la reglamentación del outsourcing y la Ley de la Industria Eléctrica, iniciativa enviada por el Ejecutivo con el carácter de preferente. Así que lo de la Ley Banxico tendrá que esperar y de pasar en la cámara baja seguramente lo hará con cambios sustanciales.
2. REDES. Durante años, los adversarios políticos de AMLO fueron, sin quererlo y sin darse cuenta, los principales promotores de su popularidad. El fenómeno se repite ahora en sentido inverso, pues son algunos de sus aliados los que se ocupan de darle herramientas a la oposición para vulnerar su aprobación. Tal sería el caso de la propuesta surgida desde el Senado para regular a las redes sociales. Acabar con su carácter libérrimo, a pesar de sus excesos, será interpretado de inmediato como un autoritarismo antidemocrático propio de regímenes socialistas o comunistas. Limitar desde la 4T la libertad de las redes no es congruente con el argumento esgrimido, por ejemplo, en la gestión de la pandemia, de no obligar al confinamiento por ser un atentado contra la libertad.
3. ANTICONCEPCIÓN. La Segunda Sala de la Corte dio entrada, a propuesta de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, un recurso de revisión para determinar si es Estado Mexicano es responsable patrimonial de que un hospital del ISSSTE haya aplicado a una mujer sin su conocimiento, un método anticonceptivo permanente. A la mujer se le practicó una cesárea con motivo de su segundo embarazo y una vez que dio a luz se le hizo el procedimiento anticonceptivo, sin ser debidamente informada y que aceptó a pesar de encontrarse en una situación de gran presión emocional. El caso permitiría aplicar el nuevo protocolo para juzgar con perspectiva de género y fijar parámetros para evaluar si esa actividad estatal médica afectó de algún modo la integridad física y sicológica de la mujer, su derecho a la planeación familiar o una transgresión a sus derechos sexuales y reproductivos.
