La titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, tiene un pie y medio fuera del gabinete, y en su secretaría empiezan a rondar diversos grupos que buscan tomar las riendas de la lucha anticorrupción al interior del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, algunos de ellos vinculados al expresidente Carlos Salinas de Gortari.

La única razón por la que Sandoval sigue despachando en su oficina es porque en Palacio Nacional no se define aún al personaje que llegará al relevo, pues los perfiles más fuertes para ocupar ese cargo, Rosa Icela Rodríguez, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Raquel Buenrostro, del SAT, y Santiago Nieto, de la UIF, son indispensables para el Ejecutivo en las funciones que les ha asignado.

Irma Eréndira se encuentra informada de que sus servicios ya no son requeridos en el primer círculo de la 4T, y en su secretaría movió ya algunas piezas para proteger a su personal cercano, enviándolos a los Órganos Internos de Control de las dependencias públicas. A la par, prepara con su equipo de trabajo la relación de actas para el próximo proceso de entrega recepción.

Los pecados de la secretaria fueron muchos y muy graves: la acumulación de propiedades a través de su familia y la exoneración de personajes impresentables como el actual director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz. Sin embargo, ante el presidente el único y definitivo agravio fue su activismo político en la elección del estado de Guerrero; mejor dicho, la guerra sucia que emprendió para descarrilar la candidatura de Félix Salgado Macedonio e impulsar la de su hermano, Pablo Amílcar Sandoval.

La derrota electoral que le propinó el Trife se la carga Andrés Manuel a esta familia, una más que dolorosa derrota si se toma en cuenta el capital político que invirtió el presidente para mantener en la contienda al autollamado ‘toro’; y también injusta si se considera que Pablo Amílcar sí alcanzó lugar en la boleta para competir por Morena a una diputación por el distrito 4 de Guerrero.

En la indefinición del cambio en el gabinete, los grupos y perfiles que coexisten en la Función Pública empiezan a mover sus fichas para impulsar también a sus prospectos. Este es el caso del subsecretario de Fiscalización y Combate a la Corrupción, Roberto Salcedo Aquino, quien se propone para tomar las riendas de la dependencia, como lo hizo también hace unas semanas para saltar a la Auditoría Superior de la Federación, cuando crecía el rumor de la renuncia de David Colmenares.

Salcedo Aquino está vinculado al salinismo. Pertenece al grupo de cercanos a María Elena Vázquez Nava, la contralora General de la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. Desde los años 90, la exfuncionaria posicionó a su despacho Vázquez Nava Consultores y Abogados S.C. como uno de los favoritos del sector público para servicios de auditoría externa, y de ahí han surgido diversos perfiles que prestan sus servicios a la SFP.

El subsecretario asegura tener vínculos directos con López Obrador, y presume incluso a sus cercanos que en su nombramiento no hubo intervención siquiera de la secretaria Sandoval, sino que este vino directamente desde Presidencia. Lo cierto es que los únicos vínculos comprobables para Salcedo son los que tiene con Vázquez Nava, toda vez que su hijo, Armando Salcedo Cisneros, es socio del despacho encabezado por la otrora contralora salinista.

La presencia de estos salinistas en la gestión de contraloría de la 4T puede ser todavía más profunda, debido a que Tania de la Paz Pérez Farca, la primera subsecretaria de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, también fue asociada senior de Vázquez Nava Consultores y Abogados. Pérez Farca fue destituida en mayo de 2020 y relevada en ese entonces por personal de confianza de Irma Eréndira Sandoval, también con tendencias políticas radicales que, en el actual contexto, ya no tendrán cabida en la contraloría federal.

Diputado incómodo

En pocos meses, Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, se ha convertido en un personaje indeseable al interior del partido que dirige Mario Delgado. El expriista hizo su carrera política de la mano de Manuel Bartlett, quien fue secretario de Educación Pública los primeros cuatro años del sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Hay quienes dicen que su papel como líder en San Lázaro le quedó grande, muestra de ello, señalan, fue el reciente bodrio que protagonizó. Y es que el legislador no dudó en defender a su colega morenista Saúl Huerta Coronado, quien enfrenta un proceso de desafuero tras ser acusado por abuso sexual de menores.

Mier Velazco dijo sobre el caso que Huerta “lo hizo en su vida personal”, por lo que no podían meterse ni tomar acciones al respecto. “De cosas personales no puedo opinar, ni de él ni de cualquier otro de los integrantes de la Cámara de Diputados”, agregó envalentonado, aunque una semana después, el poblano se retractó.

Reforma a operaciones de crédito

Entre la clase trabajadora hay preocupación por la reforma a la Ley General de Título y Operaciones de Crédito que se aprobó en la Cámara de Diputados, debido a que temen ver su sueldo condicionado a los pagos que deben realizar para saldar sus créditos de nómina.

Esto es una reacción natural si se considera que las prácticas abusivas de cobranza que han reinado con anterioridad en el país; sin embargo, contrario a lo que han difundido sus detractores, la iniciativa finalmente pone en el centro de la discusión a los usuarios, quienes según los análisis presentados en el Congreso serán los mayores beneficiados con los cambios.

Por primera vez se establecerá un marco jurídico específico con derechos y obligaciones en los convenios de pago de cobranza delegada, con topes y factores de resguardo para evitar el sobre endeudamiento del empleado. También por primera ocasión se obligará a la Condusef a garantizar la transparencia de los servicios ofertados, lo que permitirá dar certeza al usuario y combatir a los acreedores no regulados y con intereses leoninos.

@MarioMal
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