La palabra ombudsman tiene su origen en Suecia y significa “representante”. Desde principios del siglo XIX se empezó a utilizar esta palabra para describir la tarea de una persona encargada de representar los intereses del pueblo frente a los intereses del poder. Hoy en día, la figura de  ombudsman —u ombudsperson— existe en muchos países del mundo, entre los que se cuenta México.

La importancia contemporánea del ombudsman es la de garantizar —como lo marca el artículo 102, apartado B, de nuestra Carta Magna— la protección de los derechos humanos. Una tarea fundamental que implica, de origen, hacer cumplir los artículos más importantes y trascendentales de nuestra Constitución.

En este sentido, quien sea nombrado para ocupar este puesto —en México se denomina presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)— tiene una de las responsabilidades más importantes en la vida pública nacional. Sobre todo en un país como el nuestro, en el que los gobiernos de todos los niveles, de forma reiterada, vulneran los derechos humanos de la población sin consecuencia alguna.

A la luz de esto, el nombramiento de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la CNDH es, cuando menos, cuestionable. Más allá de la forma en que se llevó a cabo su elección en el Senado de la República, preocupa —y mucho— la militancia partidista de Piedra Ibarra, es decir, su falta de independencia. 

Y esto preocupa, porque, precisamente, la esencia de un ombudsman, su verdadera razón de ser, es la independencia. Y no lo dice un servidor, lo dicen las Normas de Práctica de la Asociación Internacional de ombudsman: “1.1 La oficina del ombudsman y el propio ombudsman son independientes de cualquier otra entidad organizativa. 1.2 El ombudsman no tiene otra posición en la organización susceptible de afectar a su independencia.”

Es evidente que el nombramiento de la nueva presidenta de la CNDH no cumple con la independencia que el cargo exige. Rosario Piedra Ibarra fue candidata a diputada federal por Morena en las elecciones de 2018, partido al que renunció el mismo día de su elección; es decir: se eligió a una política militante del partido en el poder para ocupar un cargo que debe servir como contrapeso al poder.

Lo más burdo es que ella misma declaró “que no será contrapeso al gobierno”. De forma evidente y a la vista de todos los mexicanos, se aniquiló la de por sí endeble autonomía del organismo constitucional autónomo encargado de velar por los derechos fundamentales en México. Está claro que Rosario Piedra Ibarra no será la representante de los intereses del pueblo frente a los intereses del poder, sino una representante del poder frente a los intereses del pueblo.

Poco a poco, todo el sistema de pesos y contrapesos —elemento fundacional de un Estado constitucional de derecho— ha sido borrado por el presidente y su partido. El Congreso de la Unión, el Poder Judicial, la Fiscalía General de la República, los Estados federales y, ahora, la CNDH. Uno a uno se han ido desvaneciendo los mecanismos que podían acotar el ejercicio del poder presidencial, lo que pone en riesgo la vida democrática de México.

Cuando existe una ausencia de espíritu democrático en los niveles más altos, esa misma ausencia se materializará en la vida diaria de los mexicanos. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Una presidencia sin contrapesos, un país sin organismos autónomos, dará origen a un futuro menos democrático y justo para todos los mexicanos.

No es la primera vez que pasa un fenómeno de esta naturaleza en México. Pero si seguimos por esta senda —sea con el partido que sea—, es prácticamente imposible que demos una solución real a los graves problemas estructurales que lleva arrastrando nuestro país desde hace ya demasiado tiempo.