Se ha vuelto muy difícil para la gente seguir el hilo de tantas historias de corrupción sobre ex gobernadores en la cárcel o que están prófugos, protegidos por la autoridad. Y también saben que a los peores, los dirigentes partidistas los premian con cargos —como Moreira en el PRI—, o les prometen candidaturas —como pasó con Aguirre en el Frente PAN-PRD-MC y aparentemente con Vallejo en Morena—. La política se ha vuelto un espectáculo lamentable, en el que se habla de cantidades enormes de dinero del pueblo que acaba convertido en tarjetas para repartir en las campañas y en mansiones de políticos.
Adicionalmente, el pragmatismo de los partidos y de los candidatos anuló cualquier idea clara. Con sus maquinarias aceitadas con dinero ajeno —que es el de los ciudadanos—, José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador le reportan cínicamente al INE gastos de campaña de jefe de manzana, cuando manejan por debajo de la mesa cantidades dignas de petroleros compitiendo para gobernador de Texas. Desde luego, los tres hablan de honestidad y transparencia. Pero no son capaces de reconocer que violan la ley en nuestra cara, reciben dinero público para una precampaña que claramente no existe. Y nadie dice nada.
El gobernador Javier Corral ha destapado una cloaca de manejo turbio del presupuesto público por parte de la Secretaría de Hacienda federal. Digamos que chamaquearon a los “tecnolovers” que con tanto inglés, con tantas maestrías y doctorados —la mayoría de ellas financiadas por el gobierno—, no pudieron dar una respuesta clara e inmediata, y escuchamos algo así como que no era exactamente cierto, que no quedaron en eso, que la cuenta del Oxxo no servía, etc. En serio, la declaración del ex jefe del SAT fue mucho más clara (Aristóteles Núñez). Lo cierto es que se confirma lo que era un secreto a voces: que la Secretaría de Hacienda decide con criterios políticos y personales a qué estado “ayuda” y a qué estado “no ayuda” con partidas millonarias.
Es muy positivo que Corral haya puesto sobre la mesa este indignante modo de hacer política con dinero del pueblo. Pero está lejos de ser la excepción, al contrario, es la regla. Y eso se hace en estos años a través de los propios dirigentes de partido, con miles de millones de pesos para que ellos mismos pudieran premiar o no a los gobernadores de su partido o a los alcaldes. Ése es el caso del PAN, por ejemplo. Y Javier Corral lo vivió en carne propia porque en la campaña interna para jefe de partido había alcaldes que querían votar por él, pero al final no lo apoyaban, porque les decían que la dirigencia del PAN les diría a los diputados en el presupuesto que no lo ayudaran. Y explicaban: “Primero tengo que arreglar mi presupuesto y luego podré tomar decisiones”. Es una pena escuchar a un alcalde decir que no puede tomar una decisión personal porque sería castigado por parte del dirigente nacional a través del presupuesto público. Hace unos años, las discusiones de presupuesto en la Cámara de Diputados eran verdaderamente unas negociaciones que hasta detenían el reloj para poder aprobar en tiempo el presupuesto. En los últimos años, el presupuesto se aprueba totalmente sin muchos problemas pero con mucho ruido con respecto al presupuesto de moches.
Cuánta falta hace una verdadera dignidad en la política presupuestal en México, donde los políticos tengan valor y denuncien cuando se manipula el dinero público por quien sea. Desde la Presidencia encabezaré un gobierno honesto y valiente que transparentará al cien por ciento todas las transferencias presupuestales. Y ya basta con la presión y el abuso a través del presupuesto público que empodera cúpulas partidistas y congresistas, que beneficia cacicazgos y que cancela, sin duda, beneficios al pueblo de México.
