Los pueblos y las comunidades indígenas de México han tenido que afrontar desigualdades, luchas diversas para el respeto de sus Derechos Humanos, pero sobre todo, pendientes con la procuración y administración de justicia que afectan a sus habitantes.

A 44 meses del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la llamada “4T”, los datos y hechos no muestran un cambio de panorama ni horizonte. Si bien aclaremos no es una problemática reciente ni atribuible solo al gobierno federal que comenzó en diciembre de 2018, la “transformación” no ha llegado a los pueblos indígenas.

De acuerdo con el Cuaderno Mensual de Datos Estadísticos de Población Penitenciaria Vulnerable y de Origen Extranjero, 60.1% de las personas indígenas privadas de la libertad en Chiapas están en prisión preventiva, y en Oaxaca, 55.5% está bajo esta medida cautelar.

Estas dos muestras o “botones” evidencian que dos de los estados con más presencia de comunidades indígenas del país tienen rezagos en la procuración de justicia.

Más datos recuperados en un reportaje publicado por “Pie de Página” el sábado 6 de agosto, cuya autora es Yéssica Morales del medio “Chiapas Paralelo”: la organización AsíLegal precisó que “el náhuatl, zapoteco, tseltal, tsotsil y mixteco son las lenguas indígenas más habladas por personas indígenas privadas de libertad en los estados de Oaxaca (1219), Chiapas (939), Puebla (739), Veracruz (545) y Guerrero (480)”.

“En ese sentido, indicaron que el olvido de las comunidades indígenas a lo largo del país no se limita solo a la falta de accesos económicos, educativos o de bienes elementales como agua, luz y vivienda. También, cuando se enfrentan al sistema de justicia penal”.

A unas horas de recordar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, 9 de agosto, los medios de comunicación necesitan, con urgencia, visibilizar y darle más cobertura informativa.

Sobre la base jurídica que aplica para estas comunidades, más líneas que se retoman del reportaje: “El artículo 10 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que al imponerse sanciones penales previstas por la legislación nacional a integrantes de algún pueblo indígena deberán tener en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. Y, deberán preferirse tipos de sanción distintos del encarcelamiento”.
Limitantes en el “Queretaverso” (¿¿??) de Kuri y Nava

En Querétaro, los derechos de los pueblos indígenas tampoco son respetados, en ocasiones ni siquiera considerados en planeación o diseño de “políticas públicas”. Lo mismo desde el gobierno estatal, o los gobiernos municipales de Amealco de Bonfil, Tolimán, Peñamiller y la capital.

Dos muestras de exclusión o nula disposición al diálogo: la cerrazón del gobierno de Mauricio Kuri para recibir a habitantes de Santiago Mexquititlán e indígenas que han luchado contra los intentos de quitarles pozos de agua en comunidades, así como contra la nueva ley que regula los servicios de prestación, alcantarillado y saneamiento (entró en vigor el 1 de julio). Segunda muestra: la posibilidad de asistir al “Queretaverso”. Sergio Olvera, vocero del observatorio ciudadano de movilidad, tuiteó para preguntar qué ruta de transporte público podía tomar para llegar al lugar de actividades.

La cuenta oficial del IQT respondió: “(…) nos comentan que ninguna, puedes abordar cualquiera que te deje en la TAQ y de ahí taxi o suburbana porque aún queda muy lejos”. Esto evidencia que solo una parte de la población tuvo posibilidades de llegar. Que a nivel oficial lo que importa es que luzcan en las fotos el mandatario estatal y el alcalde capitalino. Nada más. ¿”Siguiente nivel” en Querétaro? Será hacia abajo y con más desigualdad.

Periodista y profesor de la UAQ