Judicialización de la política

20/10/2020
03:14
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El régimen político mexicano tiende cada día más a judicializar la política. Conflictos que en principio tienen una esencia política son resueltos en “sede judicial”. De este modo, los tribunales son los encargados de resolver las controversias políticas regulando con este procedimiento el poder estatal. En este sentido, el poder judicial se convierte en el órgano de control más importante del Estado, responsable de la constitucionalidad y legalidad. Siguiendo los procedimientos establecidos, jueces, magistrados y ministros, interpretan las normas, determinan su significado y, en consecuencia, dictan sentencias que confirman o invalidan decisiones de los otros órganos de autoridad.

El debate sobre esta cuestión resulta fundamental en el marco del juicio interpuesto en el caso Lozoya en México. Así como de un conjunto de investigaciones en proceso a cargo de la Fiscalía General de la República, en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa que apuntan hacia Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto, detenido la semana pasada en el aeropuerto de Los Ángeles, California, a solicitud de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) y puesto a disposición de la Corte de Nueva York, donde ya investigan a Genaro García Luna y sentenciaron cadena perpetua a Joaquín Guzmán Loera “el Chapo Guzmán”, bajo el delito de narcotráfico en modalidad  de transporte y distribución de drogas.

Existen antecedentes históricos que sugieren que la judicialización de la política en democracias frágiles, constituye un ejercicio difícil de introducir o, incluso, contraproducente. Primero, porque no existen elementos estructurales y una cultura legal para el activismo judicial. Segundo, porque en países con una débil tradición de respeto al Estado de derecho, esta fórmula suele disminuir la independencia de la judicatura. Y, tercero, por el grave problema de la impunidad y corrupción.

Por ello, instrumentar este procedimiento resulta cuestionable para el fortalecimiento de la democracia, al tratarse de un poder judicial que, en mayor o menor medida, no escapa al fenómeno de la corrupción, como afirma Hugo Concha Cantú, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (https://imco.org.mx/indices/la-corrupcion-en-mexico/capitulos/analisis/l...).

En otras palabras, la apuesta por los órganos de control de la constitucionalidad de las leyes, como factor fundamental en el esfuerzo por someter el poder político al derecho, será ineficaz mientras no se incorpore una cultura de la legalidad, se fortalezca su autonomía y, se reviertan las prácticas de corrupción que impiden el pleno desarrollo del poder judicial para escapar del riesgo de que, en lugar de la judicialización de la política, se produzca la politización de la justicia.

 

*Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Posdoctorada por la Universidad de Yale

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