Lo de menos es que la carta responsiva que tendrían que firmar los padres de familia para enviar, o no, a sus hijos a clases presenciales, la haya difundido el área de comunicación social de la SEP, sin autorización de su titular; o la propia secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez. No, el problema no es la carta, sino lavarse las manos de cualquier daño que derive de esta decisión; el respaldo acrítico a la necedad de reanudar clases en la peor etapa de la pandemia. El problema es que se echen culpas y se quiten responsabilidades.

Es cierto que el encierro afecta a los niños y a las familias; que el aprendizaje vía electrónica es muchísimo menor; que la violencia familiar daña a los niños; que hay un severo rezago físico y social en ellos. También es verdad que lo mejor sería que fueran a las escuelas y recuperaran su normalidad. Todos estamos de acuerdo en eso.

El problema son las circunstancias: estamos en el peor momento de la pandemia —casi 29 mil contagios en un día—; con uno de los gobiernos más irresponsables de la historia de este país, que muy poco ha hecho para contenerla, y que se obstina en negar la realidad; y que el falaz y temerario argumento de que a los niños les afecta menos que a los adultos mayores, eleva el riesgo de que crezca el número de niños contagiados, hospitalizados y muertos.

El valor más preciado de nuestras familias son los niños. Y nada nos duele más que verlos afectados física, emocional o intelectualmente.

Pero hoy son ellos los más afectados por las circunstancias. Antes se decía que la pobreza tenía rostro de mujer. Hoy, no cabe duda, la pobreza tiene rostro de niño: son ellos quienes más resienten el desempleo y la falta de ingresos de sus padres; la enfermedad y muerte de sus familiares; la falta de clases. A eso se agrega la falta de vacunas del cuadro básico, de medicamentos contra el cáncer, y que no serán vacunados contra el Covid por la estulticia de los López, que creen que no lo necesitan (quizás porque no votan), ignorando la experiencia de otros países. Antes, les quitaron las guarderías. Y Si fuera poco, se redujo aún más su calidad alimenticia (Coneval).

De seguir en esta tendencia el daño a la niñez y al futuro del país —que ellos representan— será grave. La autoridad tiene la responsabilidad de respaldar las iniciativas sociales que ayuden a las familias a hacer de sus hogares centros educativos, a recomponer sus vínculos de unión y erradicar la violencia, consecuencias del encierro. Aunque su deber primero sería quitarle al Presidente el manejo de la pandemia, correr a su títere, el “doctor muerte” López Gatell, y convocar al Consejo Nacional de Salud a que defina, ahora sí, las estrategias de contención, y nombre a un verdadero profesional con sensibilidad social en el tema.

Frente a este desolador panorama, el llamado a los padres de familia es a la prudencia porque el gobierno no se hará responsable del daño que puedan sufrir los niños; a los miembros del gabinete, a reconsiderar su papel ante este irresponsable llamado (la corresponsabilidad es irrenunciable). Tanto Delfina como la Unicef y los gobiernos de los estados deben libremente considerar qué apoyan —y qué no— para bien de los mexicanos.

Se requiere que la sociedad organizada y la Iglesia respondan con iniciativas solidarias que ayuden a resolver las diversas dimensiones de esta crisis. Frente a las limitaciones del gobierno federal, se impone la riqueza social.

Periodista y maestro 
en seguridad nacion

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