Investigan al notario del senador Mancera

05/08/2020
09:37
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Uriel Oliva Sánchez, Notario Público 215 en la CDMX, es investigado por presunto lavado de dinero y dentro de esa investigación la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda ordenó bloquear las cuentas bancarias y financieras de la Notaría con sede en Polanco, además de congelar también las cuentas de su esposa y de dos empresas vinculadas a la pareja. El notario Oliva Sánchez tiene una relación cercana con el exjefe de Gobierno de la CDMX y actual senador de la República, Miguel Ángel Mancera, y fue su notario personal que escrituraba sus propiedades.

Según el requerimiento 110/F/B/5063/2020, cuya copia está en poder de esta columna, la UIF pidió bloquear y congelar todo tipo de cuentas bancarias y financieras a nombre del mencionado notario con base en el acuerdo 90/2020 y como parte de una investigación que fue promovida ante esa instancia y ante la Fiscalía General de la República en la que se denuncia al llamado “Cártel Inmobiliario” que operó en la Ciudad de México durante el sexenio pasado y en el que se involucra, además del notario Uriel Oliva, a Simón Neuman,exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) del gobierno capitalino, y a su socio Fausto Galván Escobar, quien fuera coordinador General de Gestión para el Crecimiento y Desarrollo de la Ciudad de la Secretaría de Desarrollo Económico en el gobierno de Miguel Ángel Mancera.

Ambos personajes, Neuman y Galván, han sido mencionados como parte del llamado “Cártel Inmobiliario” que en varias investigaciones periodísticas, como las que publicó en 2018 el portal La Silla Rota, documentó una red de corrupción entre funcionarios públicos y desarrolladores inmobiliarios que violentaron las normas ambientales y de construcción en la Ciudad de México, sin recibir ningún tipo de sanción, todo ello durante la administración mancerista y con señalamientos de protección a esa red del entonces jefe de Gobierno.

La conexión que se hace en esa denuncia entre el ahora coordinador de los senadores del PRD y el notario Uriel Oliva, es a través del abogado Roberto Ruiz, quien fue amigo personal del abogado Mancera en los años 90. Ruiz ingresó a laborar en la Notaría 215 ubicada en Polanco y llevaba trámites como litigio de poderes y otros para su amigo. Por ese conducto Miguel Ángel Mancera conoció al titular de la Notaría y ahí realizó la escritura de un departamento perteneciente a su señora madre.

Ya durante el gobierno de la CDMX, entre 2012 y 2018, muchas de las operaciones inmobiliarias, varias de ellas de carácter millonario que promovían y protegían en la ciudad Simón Neuman y Fausto Galván, pasaron por la Notaría 215, mientras que Uriel Oliva se convirtió en el notario personal del jefe de Gobierno Mancera Aguayo y por ahí pasaron varias propiedades del actual senador.

En la denuncia promovida ante la Fiscalía General de la República se mencionan operaciones de “lavado de dinero”, lo que dio pie al congelamiento de cuentas ordenado por el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, en contra de Oliva Sánchez, de su esposa y de las dos empresas mencionadas, y en particular al notario se le menciona en la solicitud de bloqueo financiero en carácter de “investigado”. Mientras tanto en el Senado de la República se señala que un grupo de senadores busca impulsar una petición de desafuero en contra del coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, aunque hasta el momento el nombre del senador no aparece en los documentos oficiales a los que tuvo acceso esta columna.

NOTAS INDISCRETAS…

Sigue la operación “cachirules” que llevan a cabo las bancadas de Morena y el PT en la Cámara de Diputados, con el afán de inflar artificialmente al grupo petista para asignarle la presidencia de la Mesa Directiva en lugar de dársela al PRI. Hasta el momento las “transferencias” de diputados morenistas y del PES que han sido enviados, como si fueran reses a engordar la granja petista, han logrado que la bancada del PT ya tenga 43 diputados en contra de 46 que tiene la bancada del PRI. Muy diferente de las que tenía cada partido cuando inició la legislatura, en septiembre de 2018, cuando los priistas empezaron como tercera fuerza con 47 diputados (el 9.4% del total) contra 29 diputados del PT (5.8%). Hoy con los “diputados cachirules” pretenden violentar y desconocer el sentido original del Acuerdo Parlamentario que suscribieron el 5 de septiembre de 2018 todos los coordinadores parlamentarios en la Junta de Coordinación Política, empezando por Mario Delgado y siguiendo por todos los demás coordinadores, en el que claramente se establecía: “Además se acordó que en estricto cumplimiento de la Ley Orgánica, la Presidencia de la Mesa Directiva sea rotativa conforme a lo establecido en la Ley Orgánica en su Articulo 17, y de acuerdo al orden decreciente de los Grupos Parlamentarios”, según dice el Comunicado de la Jucopo de la Cámara de Diputados fechado el 5 de septiembre de aquel año y con el número 0019, del cual esta columna tiene una copia. Contrario a lo que ahora sucede con la complacencia de Mario Delgado y la ambición de la bancada del PT, ese mismo comunicado decía textual: “En la conducción de las sesiones se privilegiará siempre el debate y no se utilizará la mayoría de manera que transgreda la pluralidad política representada en esta Cámara”. Una de dos: o los señores de Morena y el PT tienen amnesia o es mero cinismo político… Mucho nerviosismo y preocupación hay entre los dirigentes del PVEM por la información que ha empezado a entregar el exdirector de Pemex Emilio Lozoya. En particular se teme que los nombres de dos encumbrados dirigentes del Partido Verde puedan aparecer mencionados por Lozoya entre los senadores de aquella legislatura que en 2013 recibieron “sobornos” en forma de maletines de dinero, transferencias o “favores” a cambio de apoyar con su voto las reformas peñistas, en particular la energética. Entre los senadores verdes que fueron apoyadores incondicionales y promotores de las llamadas “reformas estructurales” del entonces presidente Peña Nieto está el nombre del actual diputado y dirigente del PVEM, Carlos Puente. ¿Saldrán a relucir ese u otros nombres verdes en las pruebas y señalamientos que ya le entregó Emilio Lozoya a la FGR?... La reunión que sostendrá el Presidente con los 30 gobernadores, la gobernadora y la jefa de Gobierno de la CDMX dentro de 10 días en San Luis Potosí, según lo anunció ayer el propio mandatario nacional, será la primera que ocurre desde que comenzó la pandemia. Desde aquella cena a finales de enero, en la que López Obrador los invitó a comer tamalitos de chipilín y croquetas de pejelagarto en Palacio Nacional, los mandatarios estatales no han visto en grupo al presidente y sólo algunos de ellos han hablado de manera individual con él cuando los visita en sus estados. El ambiente esta vez en la capital potosina será muy distinto al de aquella última cena cuando todo fue cortesía, amabilidad y brindis con agua de jamaica. Ahora está el tema del Covid, las tensiones y presiones ocasionadas por el manejo del presupuesto durante la pandemia y la reciente petición de renuncia que hicieron 9 gobernadores contra López-Gatell. En medio de todo eso, dice López Obrador, está la “bulla y el ruido” que causan las próximas elecciones. Veremos qué sale de ese encuentro republicano en el que por lo pronto se ve que saldrán chispas…Los dados mandan Capicúa. Repetimos el tiro.  

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