El actual gobierno federal ha dado un giro inesperado de 360 grados a la posición política que sus antecesores habían mantenido respecto de temas tan sensibles para la sociedad mexicana, como el consumo de marihuana, la despenalización del aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción de menores por parte de parejas homosexuales, en un momento de la vida nacional que parece no ser el correcto para asumir formalmente esta posición, que sin duda tendrá costos políticos y sociales muy altos en la antesala del proceso electoral para renovar 12 gubernaturas y elegir un Congreso Constituyente de la Ciudad de México.
En este contexto, además de haber iniciado hace varios meses una serie de acciones y foros de consulta para consensar el uso de la marihuana con fines recreativos o lúdicos —además de medicinales—, a mediados de este mes, el presidente Enrique Peña Nieto propuso reformar el artículo 4° de la Constitución, así como el Código Civil Federal a fin de que se reconozca legislativamente el matrimonio entre personas del mismo sexo, y que las parejas homosexuales puedan ejercer el derecho de adopción.
Si bien estos derechos de igualdad ya han sido ampliamente debatidos y reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y con base en ello se han otorgado amparos a lo largo y ancho del país para declarar inconstitucionales las leyes de varios estados —como Querétaro—, que conceptualizan al matrimonio como la unión de un hombre con una mujer, también es cierto que sigue habiendo un amplio debate en varios círculos de la sociedad, tanto a favor como en contra de estos matrimonios.
Hoy el artículo 124 de la Constitución obliga a todas las entidades federativas a reconocer los actos jurídicos que se celebren en uno y otro estado del país, lo cual hace válido el matrimonio o las uniones jurídicas entre personas del mismo sexo; sin embargo, lo que mayor escozor causa todavía en la sociedad, y es una sinrazón, es la posibilidad de que se permita la adopción de menores por parte de estas parejas, que sin duda son muy respetables, pero que al contrario de lo que argumenta la iniciativa presidencial, nos parece que estas adopciones sí se contraponen con el interés superior y los derechos de la infancia, ya que la orientación social de los adoptantes sí puede llegar a incidir en el libre desarrollo y en el derecho a la personalidad y autonomía de los menores.
La crítica más fuerte que ha recibido Peña Nieto es la relativa al hecho de que ni el PRI en sus documentos básicos, ni en su plataforma electoral del 2012, ni el Presidente cuando fue candidato se habían pronunciado a favor de estas posturas libertarias, que sin duda pueden llegar a contraponerse a la moral pública objetiva de la sociedad mexicana, pues el país no está representado solamente en el círculo rojo de la población de la Ciudad de México, sino que hay más de 80 millones de habitantes de frontera a frontera en el país, que sin duda opinamos muy distinto a la población chilanga.
Si bien es cierto que hoy no podemos tolerar la discriminación, también es cierto que no podemos aceptar todo argumento que utilice el discurso de los derechos humanos para convertir en ley cualquier idea sin razón, que atente en contra de los grupos más vulnerables como los niños y adolescentes, o que vaya en contra de la moral pública objetiva, que es colectiva y contiene los principios y valores que orientan a toda sociedad.
Abogado y profesor en la Facultad de Derecho de la UAQ
