Resulta discordante la carta publicada por 30 intelectuales el pasado 15 de julio, intitulada Contra la deriva autoritaria y por la defensa de la democracia, frente al nivel de aprobación del 68.4% de la población al gobierno de Andrés Manuel López Obrador; según datos de la encuesta realizada por el diario español El País (30 de junio de 2020). En este escenario, el llamado a crear un “frente unido” para reestablecer el verdadero rostro de la pluralidad ciudadana en las elecciones parlamentarias de 2021, desliza un guiño de “promoción al voto” hacia los partidos de oposición y descalifica no solo las acciones del presidente sino a la mayoría que lo apoya. Al mismo tiempo, sitúa a los firmantes como portadores de la “auténtica democracia”.

Digámoslo con atención y gravedad, el intelectual toma la palabra cuando se atenta contra la justicia y la libertad, ajena es su labor a la promoción ideológica de un proyecto político. Antes de indignarse por el trato que el ejecutivo ha dado a la trama de instituciones autónomas; de atacarlo por su intolerancia a las formas de expresión que no se identifican con su visión política; del manejo de la crisis de la Covid-19, sería preciso explorar las causas de la desigualdad y la pobreza. Y, entonces sí, tomar la palabra para manifestar su rechazo a las prácticas de injusticia, pasadas y presentes.

El papel del intelectual está relacionado con la verdad, justicia y libertad de la sociedad. En este sentido, el contenido de la carta es errático, equipara su rol con la tarea de los expertos. El experto juzga lo que es conveniente hacer en cada ocasión para alcanzar un resultado, descalifica a su oponente, confunde la verdad de una acción con su finalidad. Mientras que el intelectual no puede juzgar la finalidad porque la desconoce, pero no necesita conocerla porque juzga sobre la verdad. En esto radica su fuerza ética.

En este momento, la palabra de los intelectuales tendría que impulsar una narrativa encaminada al anudamiento de la vida colectiva. Una postura digna consistiría en poner las bases para la edificación de una comunidad solidaria, sostenida sobre el principio de que nadie puede salvarse sin el otro.

El intelectual al servicio de un régimen constituye una falsedad, una contradicción de términos. Incluso, la denominación de “intelectuales de izquierda o derecha”, remite a una perversa simplificación de los contrarios. Los intelectuales no se enfrentan en dos campos opuestos, defienden siempre la justicia y la libertad. Principios democráticos que nunca pueden estar en posiciones separadas.

La crítica a las acciones específicas emprendidas por el actual gobierno resulta fundamental. Pero, promover un discurso a favor de un proyecto político por el que la mayoría votó en contra en 2018, bajo la bandera de la “defensa de la democracia”, cuestiona el papel de los intelectuales firmantes. En el mejor de los escenarios, los coloca como “expertos” de la política.

Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y posdoctorada por la Universidad de Yale

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