Este año comenzó con la implementación de una nueva entidad en materia de salud que sustituiría al Seguro Popular, creado por Vicente Fox en el año 2000. El nuevo espacio tiene por nombre Instituto de Salud para el Bienestar, mejor conocido como Insabi, que se une a la lista de creaciones y cambios realizados por la llamada 4T. No obstante, tal sustitución no ha sido del total agrado de la población y en contraste ha generado crítica. ¿Fue una buena decisión? ¿Qué pasará con Querétaro?

Los cambios provocan, en menor o mayor grado, un desequilibrio. Cuando se anunció este nuevo esquema, varios gobernadores se mostraron reacios a aceptarlo, entre ellos el de nuestra entidad, Francisco Domínguez. Pero eso se disipó al momento en que el presidente amenazó con cortar el fondeo en materia de salud para los estados de la República que no reconocieran al Insabi. Esto no era algo que podría hacer, al menos no tan fácil ni tan descaradamente, pero como seguimos teniendo un sistema arcaico presidencialista, pues los gobernadores entendían que las probabilidades de ello eran altas.

Entonces, si bien Domínguez categóricamente manifestó hace unos días que no recibiría el esquema del Insabi en nuestra entidad, hoy por hoy esas palabras se diluyeron junto con las de la mitad de los demás gobernadores. ¿Y por qué se muestran tan reluctantes a vincularse con este esquema de salud que sustituye al Seguro Popular? Antes que nada se trata de un tema de autonomía. Con el anterior aparato existía un mayor grado de libertad por parte de los estados de la República, es decir, eran ellos quienes administraban sus recursos para determinar cuáles y qué medicamentos comprar con base en sus estadísticas, es decir, en ciertas regiones del país proliferan en la población determinadas enfermedades a diferencia de en otras regiones. Y de esta manera los estados pueden libremente planear y administrar sus gastos, así como ser responsables de ellos –en vez de que la tarea la haga la Federación. En este sentido, si la premisa del Gobierno Federal es que es mejor centralizar el sistema de salud para evitar el uso indebido de los recursos públicos y la corrupción en general, entonces hay que llevar auditores a las entidades del país para remediar el problema en vez de centralizar el poder. Debe haber autonomía y contrapesos, nunca acumular todas las decisiones y poder en un espacio.

Ahora, si bien se ofrecerán servicios médicos sin estar afiliado a una institución o programa de salud (lo que es favorable pues no se le excluye la salud a nadie), también se les brindará a extranjeros en el país. Esto suena excelente, es decir, el gobierno comprende entonces que la salud es un tema universal del que no hay que lucrar y que en cambio hay que ofrecerla a la población. Pero también muestra un compromiso humanitario ya que el servicio de salud no se les negaría a las personas migrantes en su tránsito por México, mejorando sus condiciones. En este contexto, la 4T habrá dado una muestra categórica de ese ideal de izquierda que asegura tener, pero que en otros escenarios no ha mostrado para nada.

Lo anterior es una muestra positiva del Insabi, pero hay un problema. El otorgar este servicio de salud a no afiliados y a extranjeros significa directamente el aumento en los impuestos para solventar los gastos que ello representa, o bien la reducción de los servicios. Por ahora la opción seleccionada ha sido la segunda, donde los servicios de salud de tercer nivel, que atienden a pacientes con enfermedades más graves, entre ellas el cáncer (algunos tipos); dejarán de ser gratuitos y deberán ser pagados. Esto tiene severas implicaciones ya que los 66 servicios de salud contemplados aquí están ligados a gastos elevados para su atención. Entonces, si hay que pagar estos servicios con sus habitualmente extensos tratamientos, ¿dónde está el seguro y la tranquilidad?

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