Uno de los aspectos más importantes de la democracia es la rendición de cuentas. Si partimos de la base que un gobierno republicano y representativo se sostiene en el mandato que el ciudadano encomienda al gobernante, la rendición de cuentas se convierte en un punto elemental del estado democrático, ya que permite evaluar el desempeño de un servidor público, determinar si ha hecho bien su trabajo o si, por el contrario, no ha cumplido con las expectativas.

Cada año, alrededor de estos meses, se acostumbra que los servidores públicos rindan sus informes de gobierno. Antes, todo este desfile de cifras y eventos rondaba alrededor de la figura del presidente de la república; ahora, ese enlace ceremonial se ha perdido y cada funcionario rinde sus cuentas por separado, conforme a sus tiempos y criterios.

Ello es adecuado, pues permite una mayor apertura y versatilidad en la rendición de cuentas; sin embargo, aún persisten antiguas prácticas, muchas de ellas herencia del antiguo régimen, que ven a este ejercicio democrático con tintes faraónicos y como la oportunidad idónea para publicitar su imagen.

Desde esta perspectiva, la política se convierte entonces en un concurso de popularidad que se mueve, en ocasiones, por símbolos, frases o estética, más que por resultados, ideas u objetivos; tal y como en su momento lo escribió el politólogo Giovanni Sartori, en su obra “El Homo videns o de la sociedad teledirigida”, quien señaló la notable influencia que los medios de comunicación tienen en tendencias electorales o políticas.

Sobre este punto, es lamentable ver todavía como muchos funcionarios siguen derrochando millones de pesos en publicitar sus “informes”; publicidad inerte que, más que un ejercicio democrático, se convierte en propaganda política centrada en su figura y persona.

Lo anterior se agrava en los tiempos que estamos viviendo, donde la mesura, la austeridad y el ahorro deben ser piedra angular del buen administrador. Sin duda, la pandemia por Covid-19 ha dado un duro golpe a la economía nacional y local, por lo que es injustificado el dispendio de recursos en pro de beneficiar a un funcionario, por muy alto que sea su rango o jerarquía.

¿Por qué no optar por un ejercicio más abierto y austero, más cercano a la población? ¿Por qué conservar los viejos métodos del evento o la publicidad a gran escala? ¿Por qué no aprovechar las ventajas de las tecnologías de la información que, en gran medida, son de acceso público y gratuito?

La cuestión es que debemos reivindicar la finalidad de los informes y entender que esto se trata de un ejercicio en favor del ciudadano, no del político. Lo importante no debe ser la persona en sí, sino los resultados obtenidos, las acciones realizadas y los objetivos alcanzados.

Aquellos tiempos en que el quehacer público se centraba en un solo individuo han ido desapareciendo y si bien aún persiste la costumbre del gobernante faraónico, ello se ha ido diluyendo poco a poco, debido a la alternancia y la transparencia.

Esa es una cuestión que los ciudadanos han entendido ¿será que los políticos también?