Cuando nació en Bachíniva (Santa María de Nativitas), Chihuahua, en 1948, desde niño supo que tenía que luchar porque en la vida nada era gratis. Estudió abogacía y fue a fondo acumulando doctorados, pero últimamente, al ver el lodazal jurídico que envuelve al sistema electoral, decidió postular por una candidatura independiente a la Presidencia del país. La decisión la alimentaban amigos, organismos, rectores de universidades y otros grupos.

Lo que no le dijeron es que el entramado legal que envuelve las elecciones está lleno de trampas y complicidades: partidos, dirigentes, gobernantes y funcionarios del Instituto Nacional Electoral, INE, Tribunales. Con su proyecto de nación, se fijó una idea: México necesita un nuevo pacto nacional que nos lleve a una nueva Constitución Política.

En efecto. A Luis Ponce de León Armenta le sobran razones para decir que los partidos políticos deben desaparecer gradualmente, y para ello hay que fortalecer la figura de candidato independiente. La soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, todo poder público dimana y se instituye para su beneficio y en todo tiempo tiene el derecho a modificarlo.

Por eso, cuando el 20 de abril llegó a platicar con el Grupo María Cristina, no esperaba sentirse así de cobijado. Estuvo contento.

Expuso que las leyes tienen heteroaplicatividad: mientras no invadan la esfera jurídica de los ciudadanos, no hay nada de qué defenderse, pero cuando lo hacen pueden ser impugnadas. Además la Constitución y los tratados internacionales son primero, y por eso tildó de inconstitucional la ley que exige reunir firmas para registrar una candidatura ciudadana.

Aunque la corte la declaró constitucional, desde la heteroaplicatividad de la ley no lo es. Es decir, el aspirante que no se inconformó en el primer acto lo aceptó y tuvo que juntar firmas para entrar al proceso. “En mi caso, no lo acepté”, y el INE, al no concederle el registro en boletas, fue demandado por incumplimiento al debido proceso.

No me explico, dijo asertivamente Ponce de León, la ignorancia de los ministros de la corte al declarar constitucionales artículos totalmente inconstitucionales. Último ejemplo: las foto-multas. Muchos de estos servidores, agregó, jamás han pisado un tribunal.

A raíz de su bronca con la Corte, le han solicitado varias conferencias en colegios de abogados; sin embargo, dice que no ha recibido el suficiente apoyo de ellos, pues sus presidentes tienen compromisos e intereses ya amarrados al statu quo. Además “el gremio de abogados es muy dado al sometimiento al sistema. Por eso hay muchos colegios”.

En abril el INE argumentó que cuando sesionara el Consejo General sería cuando se decidiera si su nombre aparecería o no en la boleta. Pero él, al no verse incluido, demandó a la institución por violar su derecho, y, al ser ignorado, afirma que apelará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

—¿Por qué son ilegales las firmas solicitadas por el INE?

—Violan el 39 Constitucional, que dice que la soberanía reside en el pueblo, y “con las firmas ésta reside en el dinero, porque quien lo tiene puede ser candidato “independiente” aunque haya militado en un partido y aunque no tenga el respaldo popular. Así, el INE permite la compra de la “voluntad popular” mediante el pago de gestores auxiliares, así como la compra directa de firmas en el mercado ilegal.

Los artículos que reglamentan la práctica de solicitar firmas son violatorios del artículo 1, 6, 7, 82, y 133 de la Constitución, también de los Tratados Internacionales a los que México está obligado.

¿Por qué? Se responde a sí mismo: en virtud de que son discriminatorios y contrarios al derecho a votar y ser votado, que tenemos todos los mexicanos.

Periodista cultural.