Inclusión social contra pobreza extrema

César Augusto Lachira Sáenz

La extrema pobreza, tanto rural como urbana, ignorada en las dos administraciones panistas, sale hoy a la luz con 13 millones de mexicanos que viven bajo esa condición, que sumados a los 60 millones de pobres, hacen de México un país de pobres; como contraparte, 0.18% de mexicanos concentra 42% del PIB nacional. En los últimos 12 años se acentuó la desigual repartición de la riqueza generada en el país, en contraste con lo ocurrido en otras naciones latinoamericanas.

El que una decima parte de los mexicanos concentre 41.4% de la riqueza generada nos muestra que las administraciones panistas se orientaron a beneficiar a un sector de la cúpula financiera en desmedro de los pobres que pasaron a la pobreza extrema. Lo anterior se ha podido comprobar con la información que ha dado a conocer el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Asimismo, se reporta que entre 2008 y 2010 la pobreza alimentaria —que es cuando las familias no tienen recursos para adquirir la canasta básica— se incrementó, ya que pasó de 18.4% (20.2 millones de mexicanos) a 18.8% (21.2 millones). En cuatro años esta pobreza se elevó en 6.1 millones de personas.

Lo anterior evidencia la necesidad de hacer cambios en el paradigma económico respecto a cómo afrontar la pobreza extrema. La misma Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha sido explícita en manifestar que México se encuentra en el reglón de países con alta pobreza y el de mayor desigualdad en salarios y distribución de la riqueza en América Latina. Por su parte, Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), ha manifestado que el incremento de la pobreza extrema en México obliga al cambio de un paradigma económico más incluyente, donde la pobreza ignorada sea el principal reglón a vencer.

La experiencia de otros países latinoamericanos para vencer la pobreza extrema ha partido en poner énfasis en la inclusión social de los pobres, para tal motivo se han creado ministerios y secretarías de inclusión social, cuyo objetivo es la elaboración de políticas públicas encaminadas a la vinculación de “todos” los miembros de la sociedad, sin discriminación alguna (raza, genero o cultura), además de procurar satisfacer por todos los medios los requerimientos sociales, económicos, políticos y culturales, teniendo como principal fundamento la singularidad y la legitimidad de la diferencia.

Es necesario sustituir el asistencialismo vacuo por el cambio estructural profundo de una inclusión social, entre los que se incluye el empleo bien remunerado (no basta el empleo de salario mínimo), los sistemas educacionales, la titularidad de derechos y las políticas de fomentos a la equidad, el bienestar y la protección social.

Si bien la nueva administración de México empieza con muchas expectativas de llevar a cabo un cambio profundo, prueba de ello lo es el Pacto por México, es necesario prever mecanismos para proteger a los más débiles, y entre otras cosas evitar también la imposición de obligaciones desproporcionadas (fiscales). Sobre todo deben participar y hacerse valer los intereses de los sectores que tradicionalmente han sido excluidos y marginados de los mecanismos de diálogo.

No cabe duda alguna de que la inclusión social implica superar los viejos mecanismo del diálogo institucional que han conllevado a la extrema pobreza, como son la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que sólo favorecen al sector empresarial; los acuerdos cupulares sindicales de los contratos colectivos del trabajo etcétera. Como se verá, el diagnóstico de la pobreza extrema está hecho, sabemos las causas. La solución está a la mano.

Investigador del Instituto de Estudios Económicos Financieros (UAQ)

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