Hacia una agenda alternativa a la militarización

Alejandro Hope

Hace unos días, discutía en este espacio algunas ideas para empezar a revertir el proceso de militarización en el sector seguridad y el resto de la administración pública.

Eso me parece una tarea urgente e ineludible, pero es un proceso que se quedaría trunco si no hay en paralelo un esfuerzo de construcción de una agenda alternativa, que no pretenda un simple retorno a la situación previa al inicio de la actual administración federal, pero que implique un cambio significativo en la orientación de la actual política de seguridad.

¿Y qué podría contener una agenda de esa naturaleza? Van algunas ideas al vuelo:

1. Incrementar el presupuesto de las instituciones de seguridad y justicia, hasta alcanzar el nivel promedio de la OCDE (1.7% del PIB, excluyendo gasto de defensa). Si se quisiera llegar a esa meta en seis años, se requería un incremento promedio anual de 12% en términos reales, una meta ambiciosa pero no descabellada.

2. Transformar los fondos de aportaciones y subsidios para la seguridad, incluyendo el restablecimiento del Fortaseg, la ampliación del FASP y la modificación de las reglas del Fortamun para incrementar el porcentaje de ese fondo dedicado a seguridad. En paralelo, iniciar un proceso de reforma a la fiscalidad local (particularmente el impuesto predial) para dotar a las policías municipales de una fuente estable y permanente de financiamiento.

3. Mantener a la Guardia Nacional, pero convertida en una corporación claramente independiente de las fuerzas armadas, con un mandato más limitado y con un despliegue reorientado hacia las zonas rurales y las pequeñas poblaciones, a la manera de la Gendarmería francesa o la Guardia Civil española

4. Establecer una agencia policial federal, especializada en la investigación de delitos complejos (delincuencia organizada, lavado de dinero, ciberdelito, etc.), construida sobre algunas de las áreas técnicas de la Policía Federal y los remanentes de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR.

5. Crear un Servicio Nacional de Policía que mutualice algunas funciones administrativas de todas las corporaciones policiales del país (reclutamiento, formación, certificación, seguridad social), pero mantenga el control operativo en el espacio local. Se podría empezar con un servicio nacional de cuadros policiales, a la manera del India Police Service.

6. Impulsar la adopción amplia del llamado Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, particularmente en lo referente a incrementar el rol de las policías municipales en tareas de investigación y recepción de denuncias.

7. Transformar las policías municipales en organismos públicos descentralizados (a la manera de los organismos de agua) para blindarlos de cambios políticos de corto plazo.

8. Crear mecanismos de supervisión civil sobre las policías, ubicadas fuera de las corporaciones, a la par de un fortalecimiento de las unidades de asuntos internos.

9. Eliminar el mando y conducción del Ministerio Público en la investigación criminal. Las fiscalías deben dedicarse a integrar expedientes y litigar en los tribunales, no a investigar delitos: esa función debe recaer primordialmente en las policías.

10. Establecer un consejo nacional de evaluación de las políticas de seguridad y justicia, a la manera del Coneval, para gradualmente establecer una base de conocimiento y evidencia en el sector.

Estas ideas pueden ser buenas o malas. Claramente están incompletas. Pero sí son distintas de lo existente hoy y de lo prevaleciente antes de 2018. Creo que tendríamos que empezar a movernos en esos terrenos.

[email protected]

Twitter: @ahope71

Comentarios