José Rodríguez Pérez, quien era comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero, cuando los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron víctimas de desaparición forzada, fue detenido el pasado miércoles 14 de septiembre, a las 13:45 horas, en la Ciudad de México. En los últimos días se han generado otras detenciones de militares, entre las que destaca la del subteniente Alejandro Pirita Ochoa.

Fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional confirman que Rodríguez Pérez, hoy brigadier general en retiro, se encuentra resguardado en prisión en el campo militar número 1. Se trata del militar de más alto rango, responsable de la desaparición de los 43, quien resulta una pieza clave para saber qué sucedió la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.

De acuerdo con información revelada, la Fiscalía cuenta con mensajes intercambiados entre miembros del cártel de “Guerreros Unidos” y Pérez Rodríguez, que permiten conocer el acuerdo para inculpar al grupo criminal de la atrocidad cometida contra los 43 normalistas, eximiendo de cualquier responsabilidad al ejército.

El nombre del general Rodríguez Pérez aparece también en la declaración de un testigo protegido, donde afirma que el militar recibía sobornos del grupo de Guerreros Unidos. Rodríguez Pérez y otros mandos militares son señalados en el testimonio de su participación directa en la desaparición de los normalistas, mediante acciones dirigidas a detener a los estudiantes y llevarlos al 27 Batallón para interrogarlos. El testigo sostiene que las personas que esa noche fueron interrogadas, murieron. Y, las que quedaron con vida fueron entregadas al grupo Guerreros Unidos.

La investigación de la Comisión de la Verdad, presentada recientemente por el subsecretario Alejandro Encinas, señala a José Rodríguez Pérez como el responsable de ordenar el asesinato de seis normalistas, que permanecían aún con vida cuatro días después de la privación de su libertad en una bodega de Pueblo Viejo.

La aprehensión del general brigadier en retiro, José Rodríguez Pérez, resulta una acción de relevancia histórica. Implica comenzar a desmontar la estructura de impunidad y falta de transparencia que ha caracterizado a la institución militar en México. Y, sobre todo, significa reconocer la fuerza política y social de las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa que se han mantenido sin doblez, en su lucha por exigir justicia frente al deleznable crimen de lesa humanidad de desaparición forzada.

En contraste con este hecho está la reciente exoneración de José Luis Abarca, alcalde de Iguala, por el juez de Tamaulipas Samuel Ventura Ramos, a pesar de que se trata de uno de los principales involucrados en la desaparición de los jóvenes. El subsecretario Encinas señaló que la Fiscalía de la República tiene elementos suficientes para apelar este desafortunado acto de impunidad. Por su parte, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, declaró que impugnará la decisión del juez de distrito de Tamaulipas, quien en el pasado liberó a 77 presuntos involucrados en la desaparición de los 43 normalistas.

Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Posdoctorada por la Universidad de Yale

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