Cuando la camioneta suburban blindada en la que viajaba —como todas las mañanas rumbo al Palacio del Ayuntamiento— comenzó a ser tiroteada por una lluvia de balas de alto calibre en pleno Paseo de la Reforma, Omar García Harfuch le gritó a su guardia y chofer que metiera reversa para tratar de escapar del brutal ataque de los sicarios. El conductor intentó la maniobra pero para ese momento, en menos de 1 minuto, los disparos eran tan intensos que habían dañado la transmisión del vehículo y la reversa no entró; en ese momento el secretario de Seguridad, que iba en el asiento delantero del copiloto, saltó hacia la parte trasera y en un instinto de supervivencia se acurrucó en el piso tratando de salvar la vida, mientras el guardia que conducía se puso en medio de la camioneta para cubrir de las balas a su jefe.
Fueron menos de tres minutos los que pasaron bajo fuego pero debieron ser los tres minutos más largos en la vida de García Harfuch, que sangraba porque ya tenía en el cuerpo tres balas y múltiples esquirlas mientras veía morir a sus escoltas y amigos. La rápida reacción de la policía capitalina llegó para repeler el ataque y los más de 30 sicarios y tiradores comenzaron a dispersarse y a huir del lugar dejando armas de alto poder, algunas de ellas, como la Barret 50, sin siquiera haberlas podido accionar. Para ese momento la camioneta en la que viajaba el funcionario, que era el principal objetivo del atentado, ya era una coladera llena de balas con los vidrios estrellados y el motor arruinado, a pesar de su blindaje nivel 7 que no evitó la muerte de dos de los escoltas y que estuvo a punto de ser incendiada por los sicarios que ya no tuvieron tiempo de completar su plan para aniquilar al titular de seguridad de la CDMX.
Cuando los policías abrieron las puertas casi selladas por las balas, encontraron primero los dos cuerpos de los guardias, el que conducía y se atravesó a la mitad del vehículo para cubrir al secretario, y el que viajaba en la parte de atrás; los dos caídos cumpliendo su deber. Y en la parte trasera estaba Omar García Harfuch que sangraba de los tres disparos: uno en la rodilla, otro en el hombro y uno más en la mano derecha, y lo primero que preguntaba era cómo estaban sus escoltas. Al secretario lo trasladaron rápidamente a Médica Sur en una operación que blindó con policías y patrullas toda la ruta de la ambulancia para evitar un nuevo ataque o un intento por rematar al secretario.
Después que lo estabilizaron y antes de que lo metieran al quirófano para operarlo y sacarle las balas y esquirlas que tenía en el cuerpo, Omar Garcíadictaría ese tweet que, al filo de las 9:30 de la mañana, tres horas después del ataque, confirmaba dos cosas: que el secretario estaba vivo, por lo que habían fracasado los asesinos en su objetivo, y que él sabía muy bien el nombre y el tamaño de quien había mandado matarlo y no tuvo miedo de decirlo con sus cuatro letras: “CJNG” a los que llamó “criminales y cobardes”. Ese mismo día después de una operación ,de más de cuatro horas, se sabía que Harfuch estaba fuera de peligro pero en ese momento empezaba otro “tiroteo”, este político y mediático contra el malherido funcionario que había salvado la vida pero aún no se salvaba de la grilla.
En redes sociales y conversaciones de whatsapp y otros servicios de mensajería se comenzó a soltar la especie de que lo de García Harfuch había sido en realidad un “autoatentado”. Sin dar mayores elementos para sostener su teoría sospechosista, personajes anónimos deslizaban la idea de por qué habían fallado los “sicarios” y por qué abandonaron armas que ni siquiera accionaron. La insidia no iba sola, se acompañaba de menciones y recordatorios de que el ahora secretario de seguridad capitalino había sido director de la Policía Federal en Guerrero cuando ocurrió el caso Ayotzinapa y que su nombre había aparecido en las comunicaciones de algunos de los detenidos como Sidronio Casarrubias.
Hoy a 11 días de aquel atentado, con mucho el más brutal que haya intentado el crimen organizado en los últimos años, hay dos cosas que llaman la atención después de los hechos: primero la “tibia” respuesta del presidente López Obrador un día después de lo ocurrido, en el que la trivialidad de sus palabras no sólo parecieron ignorar la gravedad del hecho y el abierto desafío que el CJNG le lanzó a su gobierno y al Estado Mexicano al intentar matar al jefe policíaco en plena capital de la República, a la luz del día y en una de las avenidas y zonas más seguras de la ciudad. Y luego los insistentes ataques y mensajes en contra de García Harfuch, lo mismo para poner en duda la veracidad del atentado como para tratar de cuestionar la labor del funcionario sobreviviente.
En el primer caso, el Presidente sorprendió a propios y extraños con un mensaje que no correspondió a la gravedad del tema y que dejó la sensación de una falta de decisión y contundencia del mandatario para encarar el desafío del crimen organizado; pero en el segundo caso, más allá de las interpretaciones o de las opiniones sobre el trabajo y la figura de Omar García Harfuch, el tiroteo político y mediático en su contra tenía una explicación clara y sencilla: la grilla que se ha desatado en el gabinete federal por ver quién va a ocupar la Secretaría de Seguridad federal una vez que Alfonso Durazo renuncie para irse como candidato de Morena al gobierno de Sonora, algo para lo que ya no falta mucho tiempo.
Y es que el nombre García Harfuch suena como un posible secretario de Seguridad Federal, aunque no es el único. También se menciona a Santiago Nieto Castillo, actual director de la Unidad de Inteligencia Financiera, a Leonel Cota Montaño, actual subsecretario de la SSPC y exgobernador de Baja California, y finalmente Manuel Espino, comisionado del Servicio de Protección Federal. Uno de ellos, se menciona en Palacio Nacional, podría ser quien se quede al frente de la seguridad federal cuando Durazo brinque, literalmente, en busca de su anhelada aventura sonorense, y eso, dicen en el mismo gabinete, está detrás del golpeteo contra Omar.
En fin que no sabemos qué decisión tomará el Presidente para sustituir, cuando llegue el momento, a Alfonso Durazo; pero lo que sí es un hecho es que fue más fácil que Omar García Harfuch se salvara de un ataque de 30 sicarios fuertemente armados y que iban con la intención de aniquilarlo, que del tiroteo político y las grillas que pueblan el gabinete lopezobradorista.
NOTAS INDISCRETAS…
Cuatro millones de euros fue lo que pagó Emilio Lozoya Austin al despacho de abogados del juez Baltazar Garzón para que lo defendieran en el proceso de la Audiencia Nacional de España, en donde se definió finalmente su extradición a México y su entrega a la Fiscalía General mexicana luego de que él mismo la aceptara. Hoy que está a punto de regresar, muy probablemente este fin de semana en un avión oficial de la FGR, está clarísimo que Lozoya viene con toda la intención de intercambiar información y hoy sabemos también de videos de políticos recibiendo sobornos de su mano y en su antigua oficina de Pemex, a cambio de un trato “justo” y de “beneficios” en su proceso penal. Lo que no está muy claro es si los 4 millones de euros (casi 103 millones de pesos) que le pagó a los abogados del despacho ILOCAD (International, Legal Oficce for Coperation and Development) fueron para que evitaran su extradición o para que negociaran en los mejores términos para él con la FGR, aunque a juzgar por como sucedieron los hechos, parece que pagó por lo segundo…Justo cuando se hablaba de una investigación en curso en la UIF en contra del gobierno de Tamaulipas por el uso de empresas factureras y facturas falsas para justificar el gasto de partidas federales hasta por 1 mil millones de pesos, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca ordenó una investigación a su propia Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) en contra de “empresas factureras” que supuestamente habrían engañado al estado con facturas falsas, ocasionándole un quebranto por 2 mil millones de pesos. Según la investigación que presentó ayer el titular de la UIFE tamaulipeca, Raúl Ramírez Castañeda, fueron en total 52 empresas las que facturaron, con documentos fiscales falsos, al gobierno del estado y a los gobiernos municipales casi 10 mil millones de pesos, por lo que se habrían girado 29 órdenes de aprehensión y hay otras 103 en vía de solicitarse a los jueces. En las indagatorias, según el comunicado oficial, “aparecen involucrados funcionarios de gobiernos estatales anteriores, otros servidores públicos, un expresidente municipal y personas ajenas al servicio público”. Si con su investigación local, que según dicen lleva casi un año realizándose, el gobernador Cabeza de Vaca quiso adelantársele a la UIF y de algún modo “vacunarse” de una investigación federal que ya está en curso, veremos si realmente le resulta una vacuna o más bien un boomerang que confirme que, efectivamente, el gobierno de Tamaulipas utilizó a empresas factureras como afirman en la Secretaría de Hacienda…Capicúa de los dados. Repetimos tiro.
