21 / junio / 2021 | 20:47 hrs.

Gabinete presidencial en crisis

Mario Maldonado

El gabinete presidencial está en crisis. La mayoría de los secretarios y directores de las dependencias federales que conforman el equipo de Andrés Manuel López Obrador están desgastados, frustrados o emproblemados por las decisiones unilaterales del Ejecutivo; y en algunos casos arrastran escándalos del pasado.

Los tres secretarios mejor posicionados en el estudio de la consultora A.R.M.A. publicado este lunes en EL UNIVERSAL, tienen un desgaste importante a pesar de su cobertura mediática. Al canciller Marcelo Ebrard, quien había logrado sobrellevar los desplantes presidenciales contra Estados Unidos y España —nuestros dos principales inversionistas extranjeros— y se colocó como el interlocutor más visible con las farmacéuticas y los gobiernos para traer vacunas, le acaba de explotar la crisis de la Línea 12 del Metro.

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, carga con la lenta recuperación económica, el caro refinanciamiento de la deuda pública, los gasolinazos, el deterioro financiero de Pemex y hacia septiembre tendrá que librar la madre de todas las batallas: el presupuesto 2022. El Presidente ya lo dijo en público y lo refrenda en privado: si Morena pierde la mayoría en la Cámara de Diputados y los partidos de oposición se niegan a aprobar los recursos que solicita para sus programas sociales y sus cuatro obras prioritarias de infraestructura, utilizará el derecho de veto para aplicar el presupuesto de 2021. De suceder así, sería algo inédito y generaría un desgaste político para su gobierno y para el secretario Herrera, quien tiene aspiraciones políticas.

La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, trae a cuestas la implementación de la nueva ley para regular el outsourcing, pero sobre todo enfrenta los intereses de los sindicatos y las centrales obreras que se volvieron más poderosos que nunca con la protección que les otorga la nueva Ley Federal del Trabajo. Ayer se presentó la primera solicitud de un caso de respuesta rápida laboral en el marco del T-MEC. La empresa de autopartes Tridonex, con sede en Matamoros, Tamaulipas, entrará al “Mecanismo de Respuesta Rápida” del acuerdo comercial por haber negado una representación sindical independiente.

En esta misma relación trilateral está entrampada la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, quien casi todos los días recibe quejas y emplazamientos de empresarios estadounidenses por el cambio de reglas en sectores clave para la inversión, como el energético. Al mismo tiempo enfrenta crisis globales como la escasez de chips para la industria automotriz, así como el aumento de los precios de materias primas, como el maíz, producto del que México depende en sus importaciones.

En el sector energético todo empezó mal y se puso peor con el paso de los meses. La triada de Rocío Nahle, Manuel Bartlett y Octavio Romero tiene de cabeza esta industria y con ello la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros. Además de que las metas de producción, refinación, precios de la gasolina y electricidad están a años luz de cumplirse, la pugna entre la secretaria de Energía y el director de Pemex sigue creciendo, ahora por el costo y la fecha de terminación de la refinería de Dos Bocas.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a cargo de Jorge Arganis, se debate entre la vida y la muerte, luego de que casi todas sus funciones y proyectos los absorbieran las Fuerzas Armadas (Ejército y Marina). La Secretaría del Bienestar, a cargo de Javier May, además de entrañar corrupción y malos manejos, trae a cuestas el aumento de 10 millones de pobres. En educación, la maestra Delfina Gómez no ve la forma como se pueda recuperar el tiempo perdido por las clases a distancia, ni la fecha en que todo regrese a la normalidad. Y a la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, quien anda a ciegas, sin estrategia, lo único que puede ayudarle a desviar la atención es el próximo escándalo personal que está por explotarle a su antecesor Alfonso Durazo.

Y de las dependencias que prácticamente no existen o pasan desapercibidas, como la Secretaría de Gobernación, de Olga Sánchez Cordero; la de Turismo, de Miguel Torruco; de Cultura, de Alejandra Frausto; la Sedatu, de RománMeyer; la Sader, de Víctor Villalobos, y la Función Pública de la aún titular Irma Eréndira Sandoval… pues no hay mucho de qué hablar.

Certeza jurídica a créditos de nómina

Los créditos de nómina son un producto financiero que actualmente utilizan alrededor de 4.8 millones de personas, los cuales se traducen en una cartera de 256 mil millones de pesos anuales, según los datos más recientes del Banco de México. Sin embargo, desde hace 25 años no existía regulación alguna para este tipo de financiamientos, por lo que, de aprobarse la reforma a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOC), en el pleno de los Diputados, México estará haciendo historia en beneficio de millones de usuarios. 

Y es que luego de aprobarse en el Senado y en la Comisión de Hacienda de San Lázaro, se prevé que se lleve a pleno para su discusión y aprobación, con lo que se establecerá un marco regulatorio para dar certeza jurídica a las entidades que ofrecen este financiamiento, tal es el caso de las agrupadas en la Asociación de Bancos de México (ABM), de Daniel Becker, en la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México (ASOFOM), de Felipe Salaices, y en la Asociación Mexicana de Empresas de Nómina (AMDEN), que lleva Gustavo Martín del Campo.

Al mismo tiempo la nueva ley crea la figura de cobranza delegada, que no es otra cosa más que una mejor y más clara supervisión y control en el proceso operativo de entidades que ofrecen este producto, junto con el efecto secundario de prevenir el sobreendeudamiento y aumentar la educación financiera. Esto se suma a que en el mediano plazo las tasas de interés serán más competitivas, tal y como sucedió en Brasil, donde lograron reducirlas en doble dígito.

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