El domingo se vivió uno de los momentos más álgidos en la historia del Congreso de la Unión. La reforma eléctrica, que planteaba cambios sustanciales en el marco constitucional, no pasó.
Contrario a lo que muchos pensaban y afirmaban, la oposición, conformada por la coalición legislativa PRI, PAN y PRD, se mantuvo firme y preparada para mandar la iniciativa al archivo de la historia. Por otro lado, el desánimo de los grupos oficialistas y del presidente de la república fue patente y evidente. Con 272 votos a favor, de los 333 que necesitaban, los partidos afines al poder no tuvieron la mayoría requerida para transitar en el debate y lograr pasar la iniciativa que contaba con el impulso de palacio nacional.
Aunque para muchas personas lo vivido el domingo puede ser incomprensible, atento a lo técnico del tema, la realidad es que se tomó un paso decisivo para el futuro de México.
Considerando la historia de nuestro país, hemos deambulado por modelos de producción e intervencionismo que han sido ambivalentes y que, en cierto sentido, han provocado vacíos que no definen rumbo ni objetivos.
México siempre ha vivido en el ambiente de puntos encontrados y procesos inacabados. El desarrollo histórico se engarza en procesos dialécticos que no han desembocado en una “síntesis”, sino que han quedado en el aire del debate y la digresión. Primero, para definir su forma de estado: federalista o centralista, después para determinar su forma de gobierno: república o monarquía; más tarde para resolver su posición ideológica: liberal o conservadora; ahora, para definir su postura económica: estatista o de libre mercado.
Desde la década de los 80, nuestro país le apostó a un modelo de libre mercado y globalización; sin embargo, las reformas estructurales que tanto se necesitaban para ser competitivos a nivel mundial, se consolidaron hasta el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, alrededor del 2013. La reforma energética que se impulsó en esa época iba a permitir la asociación productiva entre los sectores público y privado, haciendo de Pemex y la CFE, empresas más competitivas y fuertes.
No obstante, dichas reformas se vieron boicoteadas y nunca fueron aplicadas, ni mucho menos pudimos apreciar sus resultados. Y ello principalmente porque desde la transición del 2018, el actual gobierno apostó a regresar nuevamente al estatismo de los 70.
Esa es la apuesta de la actual administración, volver a la política intervencionista y de control absoluto de los sectores productivos para, desde la cúspide piramidal, definir qué y hacia dónde se van los recursos. En este sentido, la votación del pasado domingo no fue producto de un debate hueco o vacío, ni mucho menos de la “politiquería” de partidos; se definieron posturas precisas y claras de hacia dónde y cómo debe transitar nuestro país. El haber detenido la reforma eléctrica es un logro importante, pues se trata de un freno al absolutismo que pretenden instaurar… un absolutismo que, por decir menos, nos llevará de regreso al México de los 70.
