Los impulsos discursivos ‘kamikaze’ del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvieron a colocarlo bajo la crítica internacional, al descalificar y atacar a “Artículo 19”, organización que ha defendido el ejercicio tanto de la libertad de expresión como el derecho a la información.

Menos de 48 horas después de un anuncio conjunto con Emmanuel Macron, presidente de Francia, López Obrador transitó de generar noticias y comunicación asertiva sobre la igualdad gracias a una iniciativa bilateral entre dos Estados, a provocar molestia e indignación por sus ataques verbales contra la asociación que dirige Leopoldo Maldonado en la oficina de México y Centroamérica.

La comunicación ha sido “el talón de Aquiles” de la autoproclamada “4T” y el gobierno federal. Lo ocurrido el 31 de marzo confirma el enunciado y pone otro ejemplo de la falta de asesoramiento, una estrategia inteligente o el énfasis en hacer “oídos sordos” del titular del Ejecutivo, antes de salir públicamente frente a la nación en las conferencias de prensa diarias.

Toda Organización de la Sociedad Civil (OSC) tiene distintas fuentes y formas de financiamiento. Como tal, deberíamos reconocerlo y respetarlo. Si dentro de esas fuentes de financiamiento hay recursos públicos, ese monto podría ser sujeto a las leyes de transparencia y en determinado contexto, ser auditable.

Eso no debe distraer del punto principal: la gravedad de las frases del Presidente. La mayoría del gremio periodístico y la academia en Comunicación defendió, con razón, a “Artículo 19” de la embestida presidencial.

Se equivocan quienes demeritan o descalifican a la organización. Aunque es imposible que haya defendido o atendido todas las peticiones y llamadas de auxilio de colegas en la última década, existen múltiples ejemplos de asistencia y apoyo que han visibilizado casos de riesgo en periodistas.

Parte del trabajo que ha realizado también pasa por informes, reportes y pronunciamientos sobre las condiciones en que se ejerce la libertad de expresión, los obstáculos en el ejercicio y amplitud del derecho a la información –sobre todo con las millonarias cantidades vía publicidad oficial–, pero sobre todo en señalar y evidenciar a gobiernos de distintos colores partidistas, que ensombrecen la posibilidad de un entorno democrático o ponen en riesgo los derechos de las audiencias.

Ana Cristina Ruelas, exdirectora de “Artículo 19” en México y Centroamérica, dio una conferencia magistral en la UAQ en mayo de 2018. En el marco de las campañas electorales, la especialista y colaboradora de varios medios de comunicación enfatizó los desafíos que entonces y ahora ha vivido el país en materia de libertad de expresión.

“En México la libertad de expresión enfrenta diversos desafíos. El primero tiene que ver con determinar la veracidad de la información, qué tan cierto es lo que nos están diciendo, y esto deriva del gran cúmulo de información a la que la era digital nos expone”, expresó en el Centro Integral de Medios (CIM) de la FCPyS.

El valor y las contribuciones de “Artículo 19” a la democracia son diversos. No tendrían por qué estar en duda o sobre juicio.

Mejor, en el escrutinio o la atención hacia la labor de esta organización, busquemos herramientas para su consolidación, que más personas sepan los porqués de su utilidad, así como destacar que un mecanismo para fortalecer la democracia es hacer un frente a favor del verdadero Periodismo y los derechos humanos que van con su ejercicio.

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