Ante los recientes cambios constitucionales y legales en materia de procuración de justicia que pretenden con la transformación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro, en Fiscalía General, es importante asentar que el cambio que se pretende no debe quedar en un cambio de nombre, sino en una mutación real y auténtica de una institución heredada del viejo régimen y que todavía hasta hoy tiene una merecida desconfianza de la sociedad civil. La nueva institución que nazca deberá imbuirse de la mejor tradición de los órganos constitucionales autónomos que ya existen en el país y que demuestran que la creación de instituciones democráticas es el mejor camino para convertir a México en un país de leyes.

El cambio a Fiscalía es parte de una reforma política de la Constitución, derivada del Pacto por México para propiciar una autonomía funcional y orgánica en el proceso penal. Un cambio que, a partir del artículo 102 de la Constitución, se ha venido proyectando en las entidades federativas y que, en el caso de Querétaro, fue una cuestión postergada en su discusión y aprobación por los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

La idea de la Fiscalía General es arrancarle al poder de los gobernadores el ámbito de la procuración de justicia. Se pretende que el mandato del fiscal trascienda el periodo de duración del gobierno en turno, a fin de darle fortaleza y estabilidad a la institución y que no se convierta este cargo en un coto de caza de los partidos y los grupos políticos durante el proceso político. La filosofía de la duración tiene el propósito de darle la fortaleza y la seguridad de que con el cambio electoral no se disolverá el cargo del fiscal. Por ende, apartarlo del proceso de elecciones del gobierno que le nombra es clave para darle independencia y autonomía.

El nombramiento, por mayoría calificada, también pretende que la selección reúna la mayor parte de apoyos de las fuerzas políticas representadas en el Congreso, como una forma asegurar que la persona que sea nombrada tenga una fuerza política preponderante, en relación con el resto de las instituciones —tal vez exceptuando el cargo de gobernador—. Se trata de que no sea un miembro más del gabinete estatal ni se encuentre a las órdenes de los titulares del Poder Ejecutivo en los estados. En síntesis, la reforma pretende que el nuevo fiscal no sea un empleado, un subordinado de los gobernadores.

En el diseño de la nueva Fiscalía General, la Constitución federal mandató a las legislaturas de los estados para que sirvieran al nuevo procedimiento penal, vigente desde el 2008. Se trata de que no se distorsione un procedimiento penal “federalizado” o “centralizado” en la vertebración de la Constitución, con las vigentes procuradurías de los estados, cuyo diseño no se presta para un procedimiento de adversarios de forma independiente y leal a la causa de la justicia. Es más, la carga de obligaciones procesales y sustanciales para la procuraduría, derivadas de las reforma penal de 2008, hace imposible que se aplique la reforma penal si no se transforma el gran brazo institucional de las procuradurías. Había que equipar al poder de los jueces el poder de los fiscales y esa empatía se logrará con la nueva Fiscalía del estado.

A casi un mes de que se cumpla el plazo para la vigencia total del nuevo procedimiento penal en el territorio de Querétaro, se vuelve más que urgente y necesaria la reestructuración de la Procuraduría para hacerla una Fiscalía, conforme a los principios y la filosofía de la Constitución federal. Extraña, sin embargo, que los legisladores locales actuaran con timidez y exceso de prudencia, y no acometieran una reforma más amplia que la de la Constitución federal, a fin de explorar un mayor avance que el de sus homólogos de la Federación. Por ejemplo, se podía explorar la idea de la elección directa del fiscal general y reducir el periodo. O introducir la división del trabajo por distrito, por materia. También dar el voto directo en las fiscalías distritales o regionales, con el propósito de hacer más cercana la figura protectora en la ciudadanía. Podían establecer la esfera civil en la representación de los ciudadanos a cargo de la fiscalía y no dejarla en la dimensión penal. Pudieron diseñar una fiscalía con poderes en materia de controversias y acciones de inconstitucionalidad, en relación a leyes y actos que impliquen violación a derechos humanos.

Sería un error que los poderes locales, en el proceso de diseño y funcionamiento de la nueva Fiscalía, no ratificaran al actual procurador. Un hombre probo, honesto, experimentado en la lucha contra todo tipo de crímenes, que desde la humildad de sus orígenes, con nobleza y firmeza, sin la ambición de reflectores, ha venido llenando con actos de justicia una oquedad de impunidad heredada del gobierno anterior.

Abogado

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