Fideicomisos: “ser o no ser”

13/10/2020
05:58
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La enconada discusión e inconformidad expresada por diferentes grupos de la sociedad, derivada de la extinción de 109 fideicomisos, aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados el pasado 8 de octubre, detona un conjunto de cuestiones que exigen ser clarificadas para que la ciudadanía estructure su punto de vista frente a una decisión que involucra la suspensión de proyectos sustantivos para el desarrollo colectivo. Pero, también, dirigida a detener mecanismos jurídico-financieros de privatización de dinero público que facilitan el saqueo mediante una figura protegida –entre otros procedimientos–, por el secreto bancario que impide la rendición de cuentas.

Durante años, organizaciones de la sociedad civil han documentado la magnitud de opacidad en torno a los fideicomisos. Recientemente, la organización “Fundar” realizó uno de los trabajos más completos en el que muestra que actualmente existen 835,033 millones de pesos, de los cuales se desconoce cómo y en qué se gasta la mayoría de estos recursos, lo que representa casi el 14% del presupuesto federal de 2020 y el 3.3% del Producto Interno Bruto de 2019, en México. En su investigación “Fideicomisos en México. El arte de desaparecer dinero público”, explora y documenta las malas prácticas de dispendio y opacidad que caracterizan a los fideicomisos conformados por recursos públicos. Así mismo, muestra que la problemática de esta figura está en un diseño que desde su origen permite la utilización de los recursos para fines distintos a los establecidos o que simplemente se desconoce su destino. Actualmente, el 93% de los fideicomisos carece de controles de vigilancia que permitan conocer la operación de los recursos (https://fundar.org.mx/fideicomisos-en-mexico-el-arte-de-desaparecer-dine...).

Aunque se cuenta con amplia información sobre los turbios manejos de esta figura administrativa, antes de presentar la iniciativa de extinción de los 109 fideicomisos al Congreso de la Unión, el Gobierno Federal tendría que haber realizado un diagnóstico avalado por la Auditoría Superior de la Federación, en el que se mostrara a la ciudadanía el mal manejo de los recursos públicos y las razones por las que debían cancelarse. Lo anterior, hubiera evitado la confrontación con sectores sensibles y, al mismo tiempo, justificar el rescate de fideicomisos que funcionaban de manera correcta y transparente.

La ausencia de planeación en la desaparición de los fideicomisos, exige en este momento la elaboración de una propuesta que incorpore un transitorio que garantice la continuidad y distribución de los recursos a los grupos que requieren apoyo para desarrollar tareas sustantivas, en tanto no se realicen las auditorías correspondientes para determinar su cancelación. No todos los fideicomisos están atravesados por el manejo irregular, lo que reclama de un trabajo minucioso antes de su extinción para asegurar que no habrá afectaciones o problemas legales en la operación de recursos prioritarios.

 

*Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Posdoctorada por la Universidad de Yale

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