19 / junio / 2021 | 23:17 hrs.

FGR: error tras error en judicializar casos

Mario Maldonado

vvLa Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, no ha dado buenos resultados a Andrés Manuel López Obrador, lo que tiene al presidente molesto, pidiendo las cabezas de alguno de los representantes de la corrupción de sexenios anteriores, de cara a las elecciones del próximo 6 de junio. 

Una larga lista de personas han logrado evadir la justicia debido al deficiente trabajo de la FGR, que ha fallado en la integración de expedientes y en la judicialización de los casos, tal y como pasó con el exsecretario de Hacienda y excanciller, Luis Videgaray, a quien se pretendía imputar delitos electorales y aprehender en una visita a México durante la boda de su hermano, en los últimos días de octubre de 2020. El resultado: el juez de Control negó la orden de aprehensión porque la carpeta judicial “estaba mal integrada”. 

Están también los casos del exconsejero Jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, y de quien encabezara la Unidad de Inteligencia Financiera en el sexenio anterior, Alberto Bazbaz, ambos integrantes del llamado clan de “Los Betos”, que completaba el último encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán. La FGR de Gertz intentó también poner tras las rejas a los dos primeros, con un resultado similar al de Videgaray.  

Tampoco han podido llevar a la cárcel a Jesús Murillo Karam, el primer procurador del sexenio de Enrique Peña Nieto, quien enfrenta una investigación junto con diversos colaboradores por haber hecho un mal uso de la llamada partida secreta, la correspondiente a los Gastos de Seguridad Nacional, a la que las instancias de seguridad del sexenio pasado le metieron gastos por 40 mil millones de pesos, y a la que el equipo de Murillo Karam le extrajo incompresiblemente unos 100 millones a través de su Visitaduría General.   

A esta lista de yerros se suman los infructuosos o inexistentes procesos contra funcionarios y contratistas que, en palabras del presidente López Obrador, se enriquecieron y saquearon el erario público con licitaciones o procesos de compra amañados, y que serían entregados en su momento a la justicia.  

Por ejemplo, el caso de las farmacéuticas, en el que no se conoce proceso legal alguno; el del contrato de Movilidad Hipotecaria del Infonavit, que destacó porque se extraviaron 2 mil millones de pesos que debían ser reintegrados al organismo de vivienda, y más recientemente el de la compra a sobrecosto de 2 millones de dólares de un helicóptero en PGR, delito que no se pudo sancionar porque se intentó judicializar unos días después de su prescripción. 

Entre los especialistas en procuración de justicia existe la duda sobre si, como sucedía en el pasado, existe una intencionalidad para integrar débilmente los casos e incluso ofrecer el No Ejercicio de la Acción Penal; o bien, si la baja efectividad es resultado de deficiencias en la operación de la Fiscalía, pues hasta los casos prioritarios para el actual gobierno, como el del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y los panistas involucrados en el caso de Odebrecht, están a punto de colapsar. 

Los peces gordos siguen nadando en su pecera, y el equipo de Alejandro Gertz no alcanza a tender redes con suficiente fortaleza para sacarlos del agua; mucho menos para entregarlos como un trofeo de la lucha contra la corrupción del pasado, mismo que justo ahora resultaría de gran utilidad cuando la actual administración se juega su futuro en las elecciones intermedias.  

El caso Cabeza de Vaca y su abogado

En la lista de fracasos judiciales y políticos de este gobierno también se inscribe el fallido desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El viernes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la controversia por desafuero que aprobó la Cámara de Diputados, lo que impide que el mandatario sea juzgado por lo menos hasta que termine su gestión en 2022.

Por cierto, el abogado José Antonio “Tony” Canales, del despacho CANALES & SIMONSON P.C. se presentó como el defensor en Estados Unidos del gobernador de Tamaulipas, a quien declaró libre de cualquier culpa como a todos sus clientes en el pasado. 

Entre la selecta lista de clientes de este defensor están el hoy detenido en Líbano, Kamel Nacif, y otros como Mario Ruiz Massieu, Guillermo González Calderoni y Juan García Ábrego.

Denuncian a Layda Sansores en CDMX

Se acaba de presentar una querella en la fiscalía capitalina, de Ernestina Godoy Ramos, en contra de la candidata de Morena a la gubernatura de Campeche, Layda Sansores.

Resulta que la expriista fue puesta en mira de las autoridades, ya que como alcaldesa en Álvaro Obregón habría realizado contrataciones ilegales de obras públicas. 

Según el relato de los hechos, la página oficial de la demarcación refleja al menos siete adjudicaciones directas por poco más de 127 millones 909 mil pesos, monto con el cual rebasaría lo permitido por la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y los relativos al decreto de Presupuesto de Egresos de la CDMX. 

El artículo 55 marca que ninguna dependencia, órgano desconcentrado, delegación, ni entidad, podrá concretar compras que excedan 20% del volumen anual designado a las contrataciones, en caso de recurrir a procesos de invitación a cuando menos tres personas o adjudicaciones directas, mismos en los que se limita o no existe competencia.

Las firmas beneficiarias fueron Suministros y Servicios Eficaces SA. de CV.; Innovación y Solidez Corporativa SA. de CV.; Colectivo A+U S.A. de CV.; Vitek, Visio Tecnológica SA. de CV.; Grupo Constructor Carson SA. de CV.; Arquitectura Extrema 7 SA. de CV.; y Francisco Jorge Genchi. 

La acusación recibida en la Fiscalía General de la CDMX, el pasado 14 de mayo, alude a que Layda Sansores podría tener responsabilidades por violar el artículo 267 del Código Penal local, que habla sobre el ilegal uso de atribuciones y facultades.

A estos señalamientos se suma la cercanía de Sansores con el exsenador panista Jorge Luis Lavalle, vinculado a proceso de entre una lista de 70 nombres mencionados por Emilio Lozoya para colaborar con la aportación de pruebas que la Fiscalía General de la República reúne con relación a la red de sobornos para aprobar las reformas estructurales y por el caso Odebrecht. 

@MarioMal

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