Para el Presidente de la República la iniciativa de reforma electoral que presentó dice que tiene la finalidad de abaratar los costos del sistema electoral: “es el país que gasta más en la organización de elecciones, habiendo tantas necesidades”, aunque organismos de la sociedad civil nacionales e internacionales han advertido de que la propuesta propiciaría la conformación de un bipartidismo y la centralización del aparato de administración de los comicios en manos del Ejecutivo.

Insistió para que al INE se le asigne menos presupuesto del que este organismo solicitó a la Cámara de Diputados para 2023. “Es que gastan mucho, muchísimo”, ha afirmado en su presentación matutina diaria. “Que (el dinero) vaya al adulto mayor, a las becas para los estudiantes de familias pobres”. Su discurso es solamente una falacia, una retórica con la sigue promoviendo el que se disminuya los salarios a los servidores públicos.

En días anteriores, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el dictamen con Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el ejercicio fiscal 2023, el documento hace ajustes a los proyectos de presupuesto presentados por los poderes Legislativo y Judicial y por los organismos autónomos Instituto Nacional Electoral, Comisión Federal de Competencia Económica, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Con la mayoría simple con la que cuenta en la Cámara el ejecutivo Federal puede modificar el monto del salario que perciban los próximos Consejeros Electorales, ya que en abril de 2023 concluirán su encargo cuatro de los once consejeros del INE.

En el artículo 94 de la Constitución General se indica que la remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo y la Corte no ha aclarado si es constitucional reducir salarios a los órganos autónomos.

La Ley indica que los servidores públicos de instituciones y organismos autónomos, recibirán una remuneración adecuada por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, proporcional a sus responsabilidades.

Nuevamente la falta de verdad en el discurso del Presidente, la forma en la que utiliza el lenguaje como instrumento para controlar la percepción que la ciudadanía tiene de su persona y de sus decisiones. Varios beneficiarios de sus programas lo evalúan no como un servidor público que tiene que dar resultados concretos, sino como un “buen hombre” que está representándolos, está reivindicando a un “pueblo” que ha sufrido el abuso de los poderosos durante muchos años.

Esta es una concepción “ideacional” del populismo, adaptar los hechos a una narrativa demagógica, que reduce la estructura de la sociedad y sus desafíos en un relato de “buenos” (“el pueblo”) luchando contra “malos”, (los adversarios”) o que conforma un discurso, polarizador y lleno de falacias retóricas.

Este enfoque no niega que el populismo tenga consecuencias materiales sustanciales, muchas veces en detrimento del desarrollo económico, la solidaridad o la democracia.

Desplegando cotidianamente una visión populista de la realidad, ha conseguido concentrar un poder que prevalece por encima de algunas instituciones, frena el desarrollo de una administración pública profesional; descalifica y deslegitima a la prensa crítica, a la sociedad civil, a periodistas y opositores; y consolida una creencia: si las instituciones y la ley no favorecen abiertamente a la ambición presidencial, serán desaparecidas si la contradicen.

Expresidente municipal de Querétaro y exlegislador. @Chucho_RH

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