La filtración de documentos gracias a una “fuente” ha sido la constante en tres publicaciones de medios impresos o digitales, entre el 21 y 29 de septiembre. Los contenidos periodísticos mostraron una intencionalidad más allá de lo informativo, que ha generado polémica y una oleada de críticas contra el autor o la autora respectivos.

Los artículos de opinión publicados por Héctor de Mauleón y Peniley Ramírez (sábado 24 de septiembre, a dos días del octavo aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”), más un contenido que dista de ser “reportaje” en LatinUs el jueves 29 de septiembre, han evidenciado la necesidad de aquilatar y dimensionar la importancia de aspectos éticos y periodísticos, antes de decidir publicar.

Comencemos por reconocer que la actividad periodística está impregnada o llena de filtraciones, producto de la relación de periodistas con distintas fuentes de información, actores de instituciones y su búsqueda por conseguir información de interés público. Ahí no está el eje o los reproches que se pueden hacer contra las publicaciones.

¿Dónde sí lo está, en mayor o menor medida? 1.- En la confirmación de la autenticidad de documentos oficiales como pueden ser cables o documentos “internos”, que den solidez a lo que se piensa publicar y simultáneamente blinden al periodista de desmentidos.

2.- En decidir la publicación de información con base no en el protagonismo personal o en la  premisa de “ganar la nota”, sino en analizar con calma las implicaciones, los alcances y los perjuicios que puede tener la información periodística en los Derechos Humanos de personas, vulnerar su privacidad o victimizar, sobre todo en temas que socialmente conllevan un tratamiento y cuidado específicos (desaparición de personas y crimen organizado, ejemplos).

3.- En tener la habilidad de saber cuándo y cómo publicar la información, por el “timing” pero sobre todo por el respeto a los Derechos Humanos de las personas involucradas.

4.- En tener la inteligencia para no ser “vehículo” o instrumento de la fuente que proporciona la filtración. Para no perder credibilidad como periodista, sobre todo si la fuente busca subir al “ring” de luchar por el poder.

Con base en lo anterior, las publicaciones de fragmentos del informe sin testar de la Comisión de la Verdad y Justicia en el caso Ayotzinapa vulneran a familiares de las víctimas, además de que en la “defensa” o réplica de la periodista quedó evidenciada su necesidad de protagonismo, por encima de contribuir con las familias de estudiantes o “la verdad”.

Atribuir un cable al gobierno de EU, sin estar 100% seguro de verificar el origen o autenticidad, lleva a que el embajador en México, Ken Salazar, lo desmienta con facilidad y que la lectura “entre líneas” del artículo deje entrever la alta probabilidad que el autor sirvió a intereses de un exgobernador de Tamaulipas y el partido político que representa.

Ser la única persona que recibió la filtración de un hackeo, sin analizar por qué de esta situación o entrega, más apresurar la publicación de una “nota” sin revisar con calma los miles de documentos (6 TeraBytes), vuelve a mostrar que el presentador funge como portavoz de intereses de élites o políticos, no como periodista.

Sin embargo, respecto al hackeo y la filtración de documentos e información de la Sedena falta mucha historia por conocer y analizar. El Presidente de la República, su partido y su gobierno no deberían estar tranquilos, por la cantidad de material que se extrajo.

A diferencia de LatinUs y el comunicador Carlos Loret, la revista digital “Eme Equis” sí dio con el punto periodístico para crítica sólida: la austeridad en gasto para labores de ciberseguridad como causa del hackeo (sugiero ver reportaje de Gloria Piña).

Periodista y profesor de la UAQ