Los actos de violencia en Estados Unidos ya forman parte de su cotidianidad; se reiteran en distintos estados del país, siendo el más reciente el tiroteo en Sutherland Springs, Texas, apenas el domingo pasado. Mientras Donald Trump se resiste a reconocer las amenazas al interior de su país, este nuevo atentado refleja un problema de seguridad generado por las fallas en la regulación de armas y no sólo “un episodio de oscuridad”.
De acuerdo con el FBI, en 2016 los crímenes violentos en Estados Unidos aumentaron un 4.1% y los homicidios 8.6% respecto al año anterior. La situación es aún más preocupante observando que de los 17,250 homicidios en ese año, 73% fueron cometidos con armas de fuego. Esto es posible, dado que en 2015, 55 millones de personas poseían armas en ese país.
La inacción de Trump no sorprende si consideramos que grupos estadounidenses pro-armas -de gran influencia política- lo han apoyado, como la Asociación Nacional del Rifle que aportó cerca de 30 millones de dólares a su campaña presidencial. En este sentido, el Foro sobre Comercio de Armas reveló que el Presidente motivó la venta de armamento a otros países como una herramienta para demostrar su compromiso con la industria. Esto, justificando que contribuirán al combate al terrorismo mientras que a nivel nacional se enfrenta a homicidios colectivos. En promedio, cada 20 días ocurre uno en el país sin que se realicen modificaciones a la ley o se prevenga su adquisición.
Estos episodios son un síntoma más de la política de acceso a las armas en Estados Unidos. Debe considerarse que las condiciones sociales actuales distan mucho de aquellas que desencadenaron la adopción de la segunda enmienda, la cual argumenta que “siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado Libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas”.
Ante ello, Trump no sólo evita la promoción de una regulación de armas que permita disminuir la violencia, sino que ha nombrado jueces que favorecen la persistencia de la segunda enmienda. Igualmente, en febrero pasado firmó un decreto para revocar la regulación establecida por la administración anterior que prevenía la venta de armas de fuego a personas con enfermedades mentales o beneficiarios de la seguridad social. Con estas acciones, únicamente abrió las posibilidades para que se lleven a cabo más ataques.
El flujo de armas de fuego en Estados Unidos es muy alto. Sólo en 2013 se contabilizaron 357 millones, 40 millones más que el volumen de su población. Esta amenaza trasciende sus límites territoriales, pues cada año se trafican millones de armas provenientes de este gran productor.
Senadora por el PAN. @GabyCuevas
