El 4 de abril de 2021, iniciaron las campañas electorales en todo el país para renovar más de 21 mil cargos de elección popular. Desde un principio, el tono de los contendientes ha sido la descalificación a sus oponentes, la falta de transparencia en la elección de sus candidatos, los golpes bajos y la amenaza a periodistas, por decir lo menos. Más que una campaña política pareciera una guerra de cárteles. Por desgracia, ningún partido político queda fuera de este espectáculo.

En este marco, el árbitro electoral actúa con los dados cargados. Aplica mano dura y fiscalización extrema para unos, pero no para el resto de los participantes de la contienda. Hace algunas semanas, Samuel García, candidato a la gubernatura del estado de Nuevo León por el partido Movimiento Ciudadano, afirmó en entrevista a medios que ha puesto dinero de su bolsa para su promoción, “tal y como fue en las elecciones de diputado y senador en las que participó”. El senador con licencia, no deja de alardear en redes sociales que lleva gastados más de 20 millones de pesos en su campaña, cantidad que viola las leyes electorales del Estado.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, continúa promoviendo programas sociales, entregando regalos y promocionando abiertamente sus preferencias políticas sin que la autoridad electoral diga nada. Mientras tanto, la madre del candidato a la alcaldía de Guadalajara de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, amenaza a la periodista de Proceso, Gloria Reza, con enviarle policías y al equipo de campaña, al mismo tiempo que la descalifica señalándola como “periodista chayotera de chairos”.

Aunque existe hermetismo sobre la detención del candidato a la diputación federal de Tehuacán, Puebla, por la coalición “Va por México” (PRI-PAN-PRD), Luis Cobo Fernández, trascendió que es investigado por presunto fraude y lavado de dinero.

El caso de María Eugenia Campos, candidata del PAN al gobierno de Chihuahua es destacable. Acusada de recibir más de 9 millones de pesos por presuntos sobornos de César Duarte, mientras fungía como dirigente de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, asegura que sus derechos están intactos y que la vinculación a proceso por el delito de cohecho no afecta a sus derechos de votar y ser votada, por lo que continuará su campaña.

Para cerrar esta muestra de situaciones deleznables, basta citar al diputado federal de Morena, Saúl Huerta Corona, quien pretendía reelegirse por el distrito XI de la ciudad de Puebla, señalado de abuso sexual a menores, tras darse a conocer las denuncias y testimonios de algunas de sus supuestas víctimas. Y, el caso de Félix Salgado Macedonio, candidato a la gubernatura del estado de Guerrero, denunciado por presunto acoso y violación sexual, a quien el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación retiró su registro, no por estas denuncias, sino por haber incumplido con el reporte de sus gastos de precampaña. Evelyn Salgado Pineda, su hija, tomará el relevo de su candidatura. Así, el espectáculo electoral partidista.

Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Posdoctorada por la Universidad de Yale