Desde hace cuatro décadas la disputa por el control de los recursos naturales derivó en la instrumentación de estrategias dirigidas a allanar el avance y fluidez de los capitales globales. Particularmente, el caso mexicano fue inoculado con la narrativa de la “guerra contra el narcotráfico”, siguiendo la agenda securitaria de Estados Unidos para justificar la militarización en el país. Acción que ha caminado a la par de reformas a la Constitución para facilitar la entrega del patrimonio natural a empresas privadas.

Oswaldo Zavala, investigador académico en El Centro de Estudios de Posgrado de la Universidad de Nueva York (CUNY), ha demostrado a través de diferentes trabajos que la “guerra contra las drogas” en México debe entenderse como un mecanismo de ocupación militar utilizado con el propósito de abrir extensas regiones a prácticas extractivas trasnacionales de explotación.

En su reciente libro, “La guerra de las palabras”, Zavala revela información recuperada por Federico Mastrogiovanni, considerado uno de los primeros periodistas en denunciar la práctica gubernamental de desapariciones y desplazamientos forzados para acceder a territorios ricos en energéticos en el norte de México. En sus investigaciones demuestra que mientras el gobierno declaraba emplear a los militares para erradicar al cártel de “Los Zetas” de Tamaulipas y estados vecinos, en esa misma zona se encontraban conglomerados trasnacionales y élites políticas y empresariales, dedicados a la edificación de megapoyectos de explotación de gas “shale” en la Cuenca de Burgos, considerada la cuarta reserva de hidrocarburos más grande del mundo.

Por su parte, Guadalupe Correa-Cabrera, profesora asociada en la Universidad de George Mason, presenta información en la que demuestra que el cártel de “Los Zetas” ha operado como una extensión de los intereses trasnacionales y actuado como una fuerza paramilitar al servicio de las élites políticas y empresariales en Tamaulipas. Modelo que se replicó en Michoacán, Guerrero y Jalisco, después de la aprobación de la Reforma energética de Peña Nieto, donde surgieron “cárteles” como el “Cártel Jalisco Nueva Generación”, entre otros.

Un último dato, Victoria Ruiz Rincón, investigadora ambientalista de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, ha advertido en diferentes trabajos que la Reforma energética de 2013, no solo facilitó la pérdida del estado en el control del sistema eléctrico, sino que se convirtió en un mecanismo de despojo territorial inapelable a favor de los inversionistas privados, quienes quedaron facultados para forzar operaciones de extracción. Incluso, sin el consentimiento de los propietarios de la tierra que mayoritariamente están vinculados a comunidades ejidales.

En este contexto, detener la aprobación de la Reforma eléctrica propuesta por Andrés Manuel López Obrador, no solo significa obstaculizar la soberanía y control del estado en materia energética, sino que favorece la extracción rapaz y la ola de violencia en el país instrumentada por fuerzas paramilitares, denominadas “cárteles”, al servicio de las élites políticas y empresariales.

Doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Posdoctorada por la Universidad de Yale