El debate sobre las energías “limpias” es absolutamente necesario. Proteger el medio ambiente constituye un principio ético, ineludible y de responsabilidad de los gobiernos frente al cambio climático, cuyas consecuencias podrían ser más devastadoras que la pandemia del Sars-CoV-2, causante de la Covid-19. Sin embargo, la condición para llevar a cabo esta discusión exige contar con información transparente. La ciudadanía tiene derecho a conocer los criterios que sirven de base para determinar el rumbo de las acciones destinadas a la preservación del hábitat natural.
Hasta hoy, el argumento sobre los beneficios de las energías renovables (eólica, solar, geotérmica, biomasa, hidroenergía y del océano), se refiere al hecho de que no emiten cantidades significativas de gases de efecto invernadero, lo que permitiría transitar hacia economías de bajo carbón, condición fundamental para resolver el problema del calentamiento global. Este escenario sugeriría que se trata de una opción indiscutible.
No obstante, la transición a este tipo de energías aún depende de las energías “no renovables”. Y, aquí es donde el problema se radicaliza. Para que las energías “limpias” funcionen sin intermitencia, resultado de la ausencia de radiación solar y viento, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está obligada a suministrar respaldo a las empresas privadas, sin ser retribuida, las horas en que dejan de producir energía. Compromiso que fue estipulado a partir de la reforma energética aprobada por el Congreso de la Unión en el periodo del gobierno anterior.
El respaldo de suministro de energía de la CFE, sin costo para las empresas privadas, repercute en la baja de la tarifa de los usuarios de energías “limpias” y en las altas ganancias de los contratistas particulares, precisamente porque los inversionistas están subvencionados por el Estado mexicano, lo que significa que los impuestos de la población en general, asumen el costo real de este suministro.
Paradójicamente, mientras las empresas privadas abanderan la defensa de energías “limpias” para la protección del medio ambiente, exigen a la CFE que invierta en la construcción de nuevas líneas y estaciones que permitan el abastecimiento de sus centrales. Se trata, entonces, de energías “limpias”, financiadas por todos los mexicanos y sostenidas sobre energías “no renovables”, a través de los denominados Proyectos de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido (PIDIREGAS), cuyo costo para la CFE, ha sido hasta hoy de 50 millones de dólares, dirigidos al financiamiento de emprendimientos privados.
La iniciativa de Ley de la Industria Eléctrica, enviada por el Ejecutivo al Congreso de la Unión, el pasado 1 de febrero, intenta cambiar las reglas del juego para poner punto final al paraíso del capitalismo eléctrico verde en México. No se trata de negar la importancia de generar energías limpias, sino de evitar la transferencia de fondos “sin fin” a proyectos privados, a costa de subsidios que corren a cargo de los impuestos de cada mexicano.
