27 / septiembre / 2021 | 15:22 hrs.

Encontrar a los desaparecidos

Arnulfo Moya Vargas

En paralelo al compromiso del gobernador Francisco Domínguez de tener diálogo directo con los familiares de los desaparecidos en Querétaro, debe asumirse el compromiso de aplicar la legislación y los tratados que en esta materia han sido inaplicados por los hasta hora responsables locales y federales de investigar y sancionar a los autores de las desapariciones en nuestra entidad. No basta la solidaridad con las víctimas de las desapariciones: hace falta que los tres órdenes de gobierno se involucren y actúen en consecuencia.

En la pasada administración estatal se siguió una política de ignorar el problema, de minimizarlo, de declinar la competencia en otros estados del país, en las autoridades federales, de dilatar la atención a las víctimas y de enmarañar las investigaciones, por lo que el compromiso del gobernador de revisar caso por caso es ya un avance, así sea simbólico.

Este delito de desaparición en Querétaro no debía dejar dudas de ser una cuestión urgente y prioritaria para la Procuraduría General de Justicia —no sólo por el número de casos (el procurador anterior reconoció más de 200 y ahora se habla de 100)— pero en la realidad la atención institucional es escasa y existe un prejuicio al pretender asociar la desaparición con eventuales nexos con el crimen organizado.

A este compromiso humanitario se debe sumar la creación del área dentro de la Procuraduría que sea la encargada del problema. Hasta ahora no existe ni la agencia especializada ni la subprocuraduría que el problema exige. También se debe revisar el encuadramiento de tipo penal en la legislación local. Creo que en las agencias del Ministerio Público existe todavía el temor y la duda de encuadrar el ilícito penal de las desapariciones y se deja una franja interpretativa para subsumirlo dentro del delito del secuestro sin considerar que nos localizamos ante un delito cuya gravedad es igual o peor a la del tipo penal del secuestro.

Tanto las autoridades locales como federales en el tema de las desapariciones han dejado de lado la óptica del derecho internacional que en varias convenciones y tratados de la postguerra obligaron a los Estados a enfrentar este problema y establecieron sanciones para los supuestos de las desapariciones. Hay que recuperar la tradición humanitaria del derecho de gentes e invocarlo en nuestra legislación estatal.

Parte del compromiso humanitario del gobernador, debe tener su correlato en el compromiso de las víctimas, quienes también deben coadyuvar con la entrega de toda la información disponible a las autoridades para eficientar la búsqueda de sus familiares. Toda la información que sea comprobable, verificable, objetiva, veraz y que facilite la localización de los desaparecidos. Y debe entregarse en las denuncias y averiguaciones que se han iniciado o se inicien.

En ese correlato del compromiso ciudadano creo que será importante que no se partidice el problema. Sacar a los partidos será fundamental para efectos de evitar que se lucre con un tema tan sensible y doloroso para los familiares.

En la próxima reunión a realizarse el próximo lunes 16 de noviembre, que se habrá de verificar entre el gobernador y los familiares de los desaparecidos, existen varios temas a tratarse pero uno de ellos sin duda debe ser el que por lo menos a nivel legislativo local se establezca la no prescripción del delito de desaparición de las personas. Y hasta pensar en la retroactividad si es el caso. Que se le califique con las sanciones más graves, pero sin caer en la tentación del populismo penal tan de moda en los regímenes autoritarios.

Es saludable que el gobernador haya roto con el miedo de la clase política local y decidido encarar el problema. Sin duda ayudará a que la sociedad queretana pierda el miedo a abordar este conflicto y darle la óptica adecuada en la búsqueda de los desaparecidos. Yo esperaría que se tomaran algunas experiencias locales que incentiven la localización de las personas, tales como el ofrecimiento de recompensas para la información que redunde en la localización de las personas.

Querétaro no es Ayotzinapa pero el problema de las desapariciones no es menor. El número y nombre de los desaparecidos no debe quedar en el anonimato. Es una obligación del Estado respetar y preservar el derecho de los ciudadanos de conocer la verdad en los procedimientos penales. Querétaro debe saber la verdad en torno a cuántos han desaparecido, las causas y los procedimientos abiertos y los resultados de las investigaciones. Nadie tiene derecho a perder la esperanza de encontrar al familiar, amigo, conocido o vecino desaparecido. Tenemos derecho y la obligación cívica de buscar y pensar que los desaparecidos no necesariamente hayan muerto. Que no desaparezca la esperanza.

La verdad sobre los desaparecidos no es un asunto privado dado que la tutela de la vida y la libertad de las personas no le corresponde a las víctimas y ofendidos directos solamente, sino a toda la sociedad y las instituciones del Estado.

 

Abogado

Comentarios