En un país de más de 90 millones de electores distribuidos en casi 2 millones de kilómetros cuadrados, no deben existir restricciones económicas en aras de la austeridad para desarrollar con eficiencia, confiablidad y efectividad de las elecciones en el 2024, dentro de un mismo proceso electoral.
Los legisladores que aprobaron las aberrantes iniciativas del presidente de la República, privilegiaron el “ahorro económico”, que la estabilidad democrática y la confiabilidad en los resultados de procesos electorales limpios; en el 2024 habrá la renovación de la Presidente de la República, el Congreso de la Unión, cientos de diputaciones locales, ayuntamientos y alcaldías. Todas esas elecciones estarán en serio peligro de fracasar por el afán de “ahorrar miles de millones de pesos”.
Se despedirán a cientos de empleados del servicio profesional electoral, no habrá capacitación adecuada y oportuna de los integrantes de las mesas directivas de casilla; la desaparición de 300 órganos electorales dependientes del INE, será una catástrofe. Votar sin credencial de elector en el extranjero viola la Constitución. Para colmo, el autor de la iniciativa, al no saber ni qué fue lo que aprobaron sus legisladores, dispuesto a vetar artículos que, para unos restringen presupuesto y para otros se garantiza tener registro de partido y dinero garantizado producto de las prerrogativas; una verdadera contradicción en la pretendida intención de “ahorrar dinero”.
El proceso legislativo plagado de irregularidades desde la recepción hasta la supuesta conclusión, llegando a la confusión por la conclusión del periodo ordinario de sesiones de ambas Cámaras; unos trámites se fueron para su promulgación y publicación por parte del Ejecutivo. Otros se quedaron atorados en el proceso al haber sido enmendados por la Cámara Alta, derivado de los abusos y errores cometidos por la Cámara Baja; esta última, a su vez, tuvo que devolver a la Cámara revisora para su aprobación; en eso cayó la guillotina del tiempo.
Ante el caos generado por legisladores morenistas y sus aliados por el afán de desmembrar al INE, los juicios de inconstitucionalidad esperan su turno; juicios que promoverán el mismo INE, la oposición y ciudadanía que ven una afrenta violatoria a la Constitución. Al INE le cercenan funciones, empleados y dinero para atender más de 160 mil casillas. Un fracaso anunciado que podría destruir nuestra incipiente democracia, solo por ahorrar presupuesto público que es derrochado en obras multimillonarias en dólares.
Analista legislativo. @HectorParraRgz
