Esta semana en la Cámara de Diputados hemos dado un paso significativo para proteger mejor y en mayor medida los derechos de las mujeres. Aprobamos una reforma al artículo 225 del Código Penal Federal que prohíbe a los servidores públicos del ámbito federal, por sí o por interpósita persona y fuera de los supuestos establecidos por la Ley, divulgar de cualquier forma, por cualquier medio, materiales relacionados con un procedimiento penal, las condiciones personales de una víctima o con hechos que puedan constituir un delito.

Con ello, buscamos cumplir una de las principales encomiendas del Estado Mexicano que consiste en proteger la integridad de las personas, incluyendo su dignidad. Hay que recordar que esta reforma tuvo su origen en los desafortunados hechos en los cuales los policías que atendieron el caso del feminicidio de Ingrid Escamilla —un terrible feminicidio— filtraron a medios de comunicación las fotografías del cuerpo de la víctima.

A partir de entonces, diversos Congresos estatales tomaron la iniciativa de comenzar a prohibir estas conductas en sus respectivas legislaciones penales. Sin embargo, el grado de afectación es tan grave y especialmente sensible para las mujeres —porque las revictimiza—, que consideramos indispensable atenderla a nivel federal. Así establecimos un nuevo tipo penal que retoma la esencia de lo legislado a nivel local y perfecciona otros aspectos para poder ser replicado en otros estados que aún no sancionan las conductas.

La propuesta aprobada prevé agravar la sanción si se afecta a una mujer, a personas menores de edad o con discapacidad, con la intención de proteger con mayor rigor a las mujeres y a los grupos vulnerables. Esta agravante tiene su origen en el razonamiento que quienes obtengan lucro o provoquen morbo a partir de grupos históricamente desfavorecidos, deben ser sancionados con mayor severidad por el grado de afectación que producen.

Durante la discusión en el Pleno fue notable que hubo diputadas y diputados que mencionaron que esta reforma no debía interferir con la visibilización de delitos como el feminicidio. Coincido con esa visión, pues el objetivo no es impedir que la sociedad sea consciente de la gravedad de estos delitos, sino evitar que las imágenes sean motivo de amarillismo y perjudiquen la dignidad de las víctimas y de sus familiares.

Esta reforma, que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, es un atento llamado a la sociedad a seguir combatiendo la violencia en contra de las mujeres. Adoptó el nombre de #LeyIngrid en memoria de la mujer a quien cobardemente exhibieron después de fallecida, pero ya es un parteaguas histórico contra la revictimización. Desde la Comisión de Justicia seguiremos impulsando reformas que, como esta, tengan como objetivo garantizar y proteger los derechos de las mujeres.