El hackeo a los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)  es un acto inaudito, pero también, en cierta medida previsible. Más allá de la austeridad que puso en riesgo los sistemas de seguridad informática de la dependencia, está el papel protagónico y cada vez más intenso del Ejército en labores que no les son propias a sus funciones.

Y es que la función pública establecida por el presidente de la república se ha depositado, en gran medida, en las fuerzas armadas. Primeramente, en temas de seguridad, con mayor presencia de sus elementos en las comunidades.

Después con el mando de la Guardia Nacional, no obstante que la Constitución dice que estará encabezada por una persona del ramo civil. Ahora también con el control de las aduanas, atribución que le compete de origen a la Secretaría de Hacienda y, por supuesto, la ejecución de las  obras públicas principales del Ejecutivo: Tren Maya, refinería en Dos Bocas, el Aeropuerto Felipe Ángeles, entre otros.

La confianza que el presidente ha depositado en las fuerzas armadas es la consecuencia lógica por la lealtad, disciplina, profesionalismo y efectividad con que éstas desempeñan su trabajo. Atributos que, desafortunadamente, no han podido permear en las demás áreas de la administración pública, porque a diferencia de las fuerzas armadas, donde sí existe un servicio militar de carrera que entraña formación constante y profesional, en la demás estructura gubernamental existe improvisación y compañerismo electoral. Bien lo ha dicho el titular del Ejecutivo: 99% de lealtad y 1% de capacidad, es lo que busca en un servidor público.

No obstante, lo que en esta ocasión quiero poner de manifiesto es que la decisión de encomendar e introducir a las fuerzas armadas en tareas que no les son propias de origen, ha impactado negativamente en la institución, poniéndola en riesgo en cuanto a su seguridad y prestigio. Es lógico pensar que al abrir el ámbito de acción del Ejército en otras materias, especialmente la ejecución de obra pública, el escrutinio público será más intenso y, por ende, los cuestionamientos más recurrentes.

Cuestionar y criticar es parte del debate público. La transparencia y rendición de cuentas son temas que están presentes diariamente en el colectivo. Las y los ciudadanos, con justa razón, demandan mayor claridad y apertura en la toma de decisiones sobre el destino del erario. Es previsible que todo ello despierte interés para la población con el objetivo de conocer y saber las circunstancias reales del actuar gubernamental.

Por ello es que al inicio de esta columna manifesté que el hackeo es algo inaudito y hasta reprobable, pero sí previsible, pues mientras más amplio se haga el margen de acción de las fuerzas armadas en el quehacer público, mayor será el interés que despertará el saber cómo se está operando “desde adentro”.

Es en ese ámbito donde ahora el Ejército tiene un reto importante. Pues contrario a su tradición, tendrá que hacer a un lado el velo de la discrecionalidad y opacidad, dejar el pretexto de la “seguridad nacional” y abrirse al debate público. Es algo necesario si es que acepta asumir más funciones de las que originalmente le corresponden, frente a una sociedad cada vez más informada, abierta y exigente.