El empresario de medios, que obtuvo dos concesiones de los reclusorios privados cuyos contratos han sido puestos en duda y tachado de abusivos por el presidente López Obrador, pidió una cita en Palacio Nacional con la intención de “negociar” sus dos contratos millonarios que recibió en el sexenio pasado y por asignación directa. Lo recibiría, le respondieron, uno de los consejeros más cercanos del presidente y, dispuesto a llegar a un acuerdo aceptable para ambas partes, incluso a “negociar a la baja” los términos de sus contratos, llegó al vetusto edificio acompañado de los principales operadores de su grupo empresarial.

En la oficina del funcionario que los recibió comenzó el empresario exponiendo su total disposición a alcanzar un “arreglo conveniente” sobre los términos y la operación de los reclusorios. No había interés, dijeron los abogados del hombre de negocios, en tener un conflicto con el gobierno federal por ese tema y, a partir de la legalidad de sus contratos, había interés en un entendimiento en los mejores términos. El representante del presidente los escuchó con atención y, tras las comedidas exposiciones de los visitantes, rompió el silencio y les espetó sin más: “Está bien, podemos negociar, nada más que en este gobierno negociamos a partir de carpetas. Y ya hay dos carpetas judiciales sobre este tema. A partir de eso, podemos negociar lo que ustedes quieran”.

La respuesta del operador del presidente cayó como balde de agua fría en los integrantes del grupo empresarial. Tras un silencio incómodo se acomodaron en la silla y tras algunos comentarios dieron las gracias al funcionario y se despidieron. La cara del dueño del grupo no podía ser de más molestia cuando abandonaron la oficina pública y salieron del Palacio. Más tarde, según fuentes muy cercanas a aquella plática, hubo una reunión donde el empresario y dueño tomó una definición: “no nos vamos a dejar, lo que haya que pelear legalmente lo pelearemos y lo que se tenga que decir en los medios lo diremos. Hemos invertido mucho en esto por muchos años, aún sin tener ganancias, y lo hicimos justo para un momento como este”.

Así que de la cercanía con el presidente y de ser incluso uno de los integrantes de su Consejo Asesor Presidencial, parece que ahora la relación entre el empresario y el poder pasó a los términos de una guerra, tanto jurídica como mediática.

NOTAS INDISCRETAS…

A propósito del Consejo Asesor Empresarial del presidente, además de que hace muchos meses que no los convoca, en la práctica el organismo resultó ser más un membrete que un organismo real de consulta y asesoría del presidente. Prueba de ello es que la relación con el empresariado no ha sido precisamente el fuerte de este gobierno y ha estado sujeto a todo tipo de altibajos y momentos de mucha tensión y hasta confrontaciones abiertas. De entrada, cuando seleccionó a los asesores de ese consejo, López Obrador claramente buscó hacer un contrapeso al Consejo Mexicano de Negocios y a otros organismos empresariales, aunque en la práctica el grupo no cumplió ese objetivo. Pero, además, resulta que varios de los asesores del Consejo presidencial también fueron beneficiarios de contratos que el presidente ha considerado “abusivos” en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y el citado tema de los reclusorios privados es un buen ejemplo, pues al menos dos de los integrantes del organismo nombrado por el presidente también tienen contratos millonarios de esos reclusorios. Y para colmo, otro de los asesores empresariales de López Obrador, Miguel Alemán Magnani, está hoy en la quiebra virtual de sus empresas Interjet y perdió el control del sistema Radiópolis que ya pasó a manos del empresario tabasqueño Carlos Cabal Peniche, y un asesor más, también dueño de medios y de bancos, recientemente metió al presidente en un tremendo brete cuando intentó venderle una iniciativa de Reforma a la Ley del Banco de México para que el banco central le comprara 100 millones de dólares que tiene parados en su banco porque su corresponsal en Estados Unidos, Lone Star Bank de Texas, fuera investigado por la SEC estadunidense, iniciativa que López Obrador compró y la mandó a aprobar con el líder de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, y que desató tal conflicto con los integrantes de la Junta de Gobierno del Banxico y hasta con la Reserva Federal de Estados Unidos, que terminó por ser “congelada” en la Cámara de Diputados, tras su aprobación en el Senado. Total, que ni Consejo, ni Asesor resultó el organismo de los cuates empresarios del presidente López Obrador… Algo debe tener ese pódium de las conferencias mañaneras que a todos los que se paran ahí les da por echar mentiras o por utilizar datos falsos o difícilmente verificables en afirmaciones tan contundentes como dudosas. Porque apenas lleva tres días como encargada de las mañaneras y doña Olga Sánchez Cordero ya se contagió del síndrome de los “otros datos” que siempre difieren o de plano son contrarios a la realidad o a lo que viven la mayoría de los mexicanos. Cuando le preguntaron qué reporte tenía sobre la crisis de la pandemia y los altos niveles de contagios y muertes de los últimos días en el país, la secretaria de Gobernación soltó una frase tan cuestionable como peligrosa: “Yo creo que está absolutamente contenido en este momento y en un ligero descenso”. ¿En serio, doña Olga?... La extradición de César Duarte a México se podría producir en los próximos días, luego de que la Jueza, Lauren Fleisher Louis, que lleva el caso en Miami se dijo “satisfecha con la solicitud de extradición” del gobierno de México y la aprobó en todos sus términos en la audiencia del pasado martes. Aun cuando la juzgadora decidió suspender abruptamente la audiencia, luego de que los abogados del exgobernador de Chihuahua alegaron persecución política en contra de su cliente, en la Secretaría de Relaciones Exteriores y en la Fiscalía General de la República están optimistas sobre la extradición porque la jueza ya aceptó que sí se establece causa probable y que existe la doble criminalidad y dice que va a analizar el argumento sobre la cuestión de persecución  política, pero señaló que no hay elementos. En su momento, funcionarios de la cancillería de México que coadyuvaron a la FGR en esta solicitud de extradición, hablaron con funcionarios de los departamentos de Estado y de Justicia, de la administración Trump, para convencerlos de que era fundamental resolver las peticiones de extradición de ciudadanos mexicanos en ese país, para acabar con la percepción prevaleciente entre algunos de que fugarse a Estados Unidos era seguro. Veremos, pues, si pronto hay noticias sobre el regreso a México del exgobernador prófugo César Duarte… Giran los dados. Capicúa. Repetimos tiro.

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