El comercio ilegal de armas de fuego en América del Norte es la imagen especular del tráfico de drogas.
En materia de drogas, los Estados Unidos se quejan de la oferta, México se queja de la demanda. En materia de armas, los roles se invierten. Nosotros nos quejamos del suministro infinito y ellos de nuestro apetito insaciable.
Al igual que con las drogas, los gobiernos de México y Estados Unidos han intentado cooperar para detener los flujos ilegales. Obteniendo resultados igualmente pobres, para ser honesto.
Nada que no sea la derogación de la Segunda Enmienda de la constitución estadounidense o el imposible restablecimiento de la prohibición de la venta de rifles de asalto parece útil en la lucha contra el comercio ilegal de armas.
En la última década, se ha intentado proceder legalmente contra armeros en Estados Unidos, reforzar el monitoreo de la venta de algunos tipos de armas largas, modernizar tecnológicamente a las aduanas mexicanas, facilitar el intercambio de inteligencia entre agencias mexicanas y estadounidenses, y lanzar operativos con ventas encubiertas (la tristemente célebre Operación Rápido y Furioso, por ejemplo). Y nada: el torrente de plomo sigue fluyendo hacia México.
¿Por qué nada sirve (o parece servir)? Van algunas teorías:
1. En Estados Unidos, las armas de fuego son baratas y fáciles de obtener. En México, son caras y difíciles de conseguir. Eso crea un incentivo natural para contrabandearlas de norte a sur (la lógica del tráfico de drogas, pero a la inversa).
2. Cualquier intento por suprimir el tráfico ilícito desde el lado de la oferta aumenta el precio de las armas de fuego en México, pero no lo suficiente como para reducir significativamente la demanda. A su vez, eso crea un incentivo adicional para los traficantes de armas.
3. La demanda de armas en México es probablemente poco elástica (es decir, poco sensible a variaciones de precio). ¿Por qué? Porque el dinero gastado en armas representa probablemente una parte muy pequeña de los ingresos generados por las bandas criminales. Es posible comprar un AK-47 en Arizona por mil dólares. Con 100 millones de dólares, se adquieren 100 mil cuernos de chivo, una cantidad suficiente para un ejército. Sume las municiones, algunas granadas, tal vez algunos chalecos antibalas, y el total a pagar probablemente siga por debajo de 200 millones de dólares. Incluso si el precio se triplicara, eso sería casi morralla para un submundo criminal que, entre todas sus ramas, genera miles de millones de dólares de ingreso por año.
4. Peor aún, incluso, si por algún milagro, el flujo de armas se detuviera mañana, los inventarios acumulados en México son lo suficientemente grandes como para mantener a los grupos criminales en funcionamiento por mucho tiempo, sin necesidad de importaciones. Según una estimación de los investigadores Eugenio Weigend e Iñigo Guevara (http://bit.ly/2mGgZw4), 25 millones de armas de fuego han ingresado al país en la última década. Incluso si ese cálculo exagerase la cifra real por un orden de magnitud, habría suficientes armas de fuego en manos privadas en México para que el país sea autosuficiente por un periodo largo de tiempo.
En resumen, al igual que con las drogas, no hay una solución obvia del lado de la oferta para el comercio ilegal de armas. En consecuencia, tal vez sería hora de pensar en la reducción de la demanda. Tal vez deberíamos centrarnos menos en el acceso de los delincuentes a las armas de fuego y más en su propensión a usarlas.
Y eso significa combatir la impunidad. Sobre todo cuando la impunidad en cuestión involucra a víctimas de homicidio y matarifes armados hasta los dientes.
