Una vez más, parece que estamos cultivando una ciudadanía de primera y una ciudadanía de segunda o, incluso, de tercera clase. Y no es ocioso o frívolo decirlo de este modo. Me parece que la manera en que nuestros ciudadanos están obligados a desplazarse a través del transporte público en nuestra ciudad de Querétaro es el ejemplo más evidente de la baja calidad y el riesgo enorme que representan los autobuses concesionados por el gobierno actual.

Debemos recordar que la actual administración panista se comprometió a reordenar y garantizar un transporte de buena calidad. De hecho, si recordamos, fue una de las banderas de la campaña por la gubernatura del estado.

El carácter estratégico e imprescindible de contar con un transporte público adecuado para una ciudad moderna y en expansión no ha sido, finalmente, el interés del gobierno panista.

La grave situación que hoy estamos enfrentando todos frente a la pandemia, resalta la despreocupación por parte de las autoridades gubernamentales de atender este transporte público que se ha convertido en una de las fuentes más explosivas de contagio del Covid-19, sin ninguna duda.

En diversas partes de la ciudad, los ciudadanos nos han advertido que uno de los focos de infección más abundantes, sin duda, es el transporte público.

Circulan muy pocas unidades, lo que obliga a las que trabajan a estar llenas de personas y sean escasas  en horas de mayor necesidad.

Además, según denuncias de la ciudadanía, en ocasiones los operadores no tienen el menor cuidado para resguardar la salud de los usuarios y tampoco siguen protocolos anti-Covid, permitiendo que se aglomeren al interior de las unidades lo que evidentemente constituye un foco patente de infección que, por su movilidad, se propaga por diversos partes de la ciudad y de sus alrededores.

Estamos viviendo hoy la exacerbación de la pandemia del Covid-19. En nuestra ciudad hasta el día de 27 de enero, se reportan oficialmente mil 212 fallecidos, 15 mil 498 contagiados confirmados y 10 mil 620 recuperados. Las cifras hasta el 26 de enero eran de 38 mil  casos 461 confirmados  en nuestro estado y se han registrado 2 mil 778 defunciones.

Tenemos que reconocer que estamos en una situación de verdadera calamidad, infortunio y desgracia.

El cuidado a nuestros conciudadanos resulta hoy muy apremiante e inaplazable al vivir en un entorno extraordinariamente grave para la salud de todos los queretanos.

Esta situación extrema demanda una imperiosa intervención gubernamental. Parece que no hay un Instituto del Transporte de Querétaro que debía regular la actividad del transporte en nuestro estado y que atienda, de manera urgente y perentoria, la vigilancia y el monitoreo de las unidades de transporte público para que los concesionarios y operadores lleven a cabo los protocolos y los sistemas de seguridad que les corresponde, en esta época de emergencia, o que de lo contrario ejecuten las sanciones correspondientes.

Como legisladores tenemos la obligación de velar por los intereses de los habitantes de nuestra entidad, procurando resguardar y proteger la vida e intervenir para generar las mejores condiciones que les permita alcanzar una mejor calidad de vida, a ellos y a las próximas generaciones.

Sin la salud y, por supuesto, sin condiciones para otorgar servicios de calidad, sin duda, contradice el papel que tenemos que asumir como legisladores.

Urge una respuesta gubernamental.