El tercero en discordia

Concepción Delgado Parra

La lucha política entre pro-obradoristas y la oposición “visible” retomó fuerza el pasado domingo 4 de abril, fecha de arranque de las campañas electorales encaminadas a lograr el triunfo en las elecciones intermedias de 2021. La confrontación se advierte dura y letal, al estar de por medio la continuidad del proyecto de la 4T o su aniquilación. Por lo menos, esto es lo que la mayoría de los expertos apuntan. Sin embargo, en esta disputa no todos los contrincantes están a la vista, existe un grupo que participa en esta contienda para modificar el rumbo de las cosas, cuya presencia permanece opaca en el terreno de la opinión pública, pero su injerencia en la decisión de candidatos es contundente. Se trata del crimen de cuello blanco, según palabras del titular de la Fiscalía Especialista en Delitos Electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti.

El papel desempeñado por estos grupos, desde hace varias décadas en México, radica en intervenir la estructura institucional para combinar el flujo de la economía ilegal con la legal, mediante procedimientos que legalizan toda actividad que viene de procedencia ilegal, bajo la protección de funcionarios que ocupan cargos públicos en la administración de gobierno.

La interconexión entre lo legal e ilegal al interior de las instituciones estatales, no solo tiene repercusiones graves en el aumento de la corrupción y la impunidad, sino que termina atrapando a la propia democracia representativa. En este sentido, el fiscal Ortiz Pinchetti advierte sobre la amenaza que estos grupos representan para las próximas elecciones de 2021.

En los últimos tiempos se ha generado un fuerte debate en relación con el amplio poder que el presidente de México ha extendido al sector militar. Diferentes especialistas aseguran, y con razón, que su avance en la administración pública es riesgoso por su poca transparencia y tendencia a violar Derechos Humanos. De manera paralela, tendría que ponerse atención en el peligro que involucra el financiamiento del crimen de cuello blanco en las campañas electorales. Bajo el influjo de sus recursos, comprar voluntades políticas, destruir coaliciones y alianzas del campo antagonista, institucionalizar el crimen, constituye también una forma de apoderamiento del Estado mexicano.

Sin duda, estamos frente a un escenario complicado. No se trata de elegir el proyecto de la 4T, o la ausencia de proyecto de la oposición. De un modo u otro, ambas versiones están tocadas por el “tercero en discordia”. Aunque no se puede negar que el actual gobierno federal ha comenzado a mostrar signos que apuntan a romper con las cadenas de colusión. La detención preventiva de José Luis Lavalle, ex senador del PAN, a quien se acusa de recibir sobornos a cambio de aprobar la reforma energética promovida por Enrique Peña Nieto, se convierte en el primer detenido por la denuncia de Emilio Lozoya. Sin embargo, no basta que un gobierno actúe, “el freno a la mafialización –como afirma Segato– solo puede venir de la participación política de la sociedad y su organización comunitaria”.

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