Uno de los actos jurídico-políticos más importantes de todo gobierno lo es el diseño y aprobación del presupuesto con su correspondiente Ley de Ingresos. Se podrá tildar de progresista o conservador a un gobierno. Pero es en el presupuesto en donde se mide con claridad de qué lado se encuentra: si defiende las causas del pueblo o de una minoría privilegiada. Cuánto ingresa a la hacienda pública y cómo se gasta es una de las cuestiones centrales del Estado democrático de derecho.

En los sistemas federales como el de nuestro país el problema presupuestario se vuelve más complejo ya que los órganos de gobierno locales deben, por necesidad, esperar a que a nivel nacional se autoricen los diferentes rubros de financiación para las entidades federativas y municipios. Las condiciones económicas del orden nacional determinan en gran parte las condiciones de los presupuestos de los estados, entre ellos el de Querétaro.

Todos los queretanos esperamos que en el caso del Presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2016, nuestro estado sí cumpla con la promesa que a nivel federal se incumplió por los legisladores federales: el Presupuesto Base Cero. La cual se asumió como un compromiso público, de ética política de quienes contendimos para el Congreso de la Unión en la pasada elección. Y no se trata de una cuestión retórica, el sentido de la promesa era terminar con los efectos inerciales de un diseño presupuestal que no tiene relación con la alarmante situación económica del país. Se asumió para terminar con los compromisos ya históricos que no se sostenían en la nueva realidad del país y del mundo: burocratismo, asistencialismo populista, sesgo electoral en los programas sociales, clientelismo, desvío de recursos, fidecomisos opacos, partidas secretas, déficit discrecional, entre otros.

En el proyecto de presupuesto que enviará nuestro gobernador al Congreso del estado en ejercicio de sus potestades exclusivas es deseable, y hasta necesario que se termine con las inercias políticas que se han dado en materia presupuestaria. Debe existir un esfuerzo de imaginación y de audacia en el proyecto que reciba la legislatura y que exista sobre todo apertura para que la discusión sea objetiva, racional y con miras de darle a los queretanos la mejor ruta económica para 2016.

Para que el nuevo presupuesto realmente tenga relevancia histórica y no sea un acto legislativo más, opino que hay varias cuestiones a considerar en el contexto de crisis que sigue viviendo nuestro país y al cual no es ajeno Querétaro.

En primer lugar los legisladores y el gobernador no deben olvidar que la mayoría contundente que les llevó a sus puestos ha pedido cambios en el orden de las prioridades sociales. Por ejemplo, la generación de empleo debía tener un capítulo especial dentro del presupuesto. La población, en junio pasado, votó contra un modelo económico que fue capaz de llevarnos a las grandes páginas del The Economist, y a los mejores lugares de las agencias calificadoras de deuda pública, y los lugares preferidos de los mass media nacionales, pero el relato diario de la gente era distinto a los indicadores que se presumían a nivel nacional.

En segundo lugar, el problema educativo. Más allá de los discursos y de que Querétaro realmente se encuentra por encima de la media nacional, este tema debe ser una prioridad en las previsiones de la política económica. No debemos conformarnos con la asignación presupuestal que la Federación entrega de forma ya etiquetada para el estado, debemos buscar si desde las fuentes propias de financiación es posible ampliar las partidas educativas.

En tercer lugar existe un descuido en materia de infraestructura que es visible no sólo en Querétaro sino en todo el estado. Cada vez que llueve cientos de familias, si no es que miles, sufren las incomodidades de ver sus casas inundadas y las calles intransitables y ese es rostro de la pobreza. Gobiernos van y gobiernos vienen y algo tan básico y elemental como el drenaje y las calles no se ha tratado con inteligencia y visión de futuro. Yo esperaría que en el nuevo presupuesto se reflejara este problema y su atención especial pensando en el largo plazo para que algo tan útil y necesario como las calles y el sistema de drenaje y alcantarillado no se colapsen en la época de lluvias. Si no son posibles los grandes cambios este sí se puede hacer.

En cuarto lugar, el tema de la justicia debía ser algo prioritario. Los nuevos compromisos con la justicia oral debían contemplarse como un capítulo especial. El presupuesto de 2015 y los anteriores que autorizaron los diferentes partidos, tanto a nivel nacional y local, por alguna extraña razón comienzan siempre priorizando el gasto administrativo, es decir la financiación de los funcionarios públicos y las dependencias, y después se abordan los programas u otros rubros. ¿Por qué no a la inversa y se comienza ahora con la financiación de la impartición de justicia?

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