La racionalidad perfecta sólo se obtiene en la dictadura. En el mundo real e imperfecto la política es una actividad que crea el espacio de los acuerdos entre razones y racionalidades diferentes y opuestas. La democracia da cabida a todos los puntos de vista menos, claro está, a los que se proponen clausurarla.
La política democrática suma, no resta, porque agrega los contrarios a través de compromisos que dan suma positiva. Y lo que busca López Obrador es la suma cero: él sólo gana si otros pierden.
La iniciativa para reformar la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LPRH) es el más reciente intento del presidente de la República de escalar la autocratización del Estado mexicano. En consonancia con su estrategia política, considera que los recursos que reserva para los destinatarios del lado bueno de sus prejuicios deben evitar a toda costa el beneficio de los que están del lado malo. De modo paralelo supone que aquello que quita o deja de hacer para no beneficiar a sus “adversarios” redundará en favor de su población objetivo e impedirá que aquellos saquen ventaja indebida de su posición “privilegiada.” Este criterio se refleja una y otra vez en sus decisiones y políticas.
De aprobarse la iniciativa, el Presidente podría dictar el ejercicio presupuestal sin contrapesos. Según la iniciativa que adiciona un artículo (21 ter) a la LPRH en caso de “emergencia económica,” misma que no se define, la Secretaría de Hacienda puede cambiar el destino de recursos del PEF para proyectos prioritarios del Presidente. No se aclara si esos recursos se refieren a lo asignado a la administración pública federal o también a los destinados a otros organismos (universidades, órganos autónomos, etc.). La obligación de rendir cuentas se limitaría a que el Ejecutivo informe a posteriori las “acciones realizadas,” mismas que serían impecablemente legales. De acuerdo con la iniciativa, una vez declarada la emergencia, el presupuesto de egresos de la Federación quedaría a su soberano arbitrio.
El dictamen de la Comisión de Presupuesto le hizo acotaciones. Añade la emergencia sanitaria a la económica, y a ésta la define como una restricción del PIB trimestral del 1% o mayor respecto al mismo trimestre del año anterior. Si el ajuste del Ejecutivo al PEF fuera de menos del 5%, podría hacerlo unilateralmente; si fuese de entre 5 y 10%, Hacienda deberá informarlo a posteriori y sólo si el ajuste es mayor al 10% la Cámara tendría que aprobarlo.
Si la pandemia se prolonga y la recesión se vuelve depresión, que es lo más seguro, el poder excepcional del Presidente se mantendría durante el tiempo que dure. Con las previsiones actuales, esto podría significar el sexenio completo, a menos que se admita la previsión que se incluye en el dictamen, a saber, que regirá para el año fiscal en curso aunque, si se presentasen condiciones de emergencia económica nuevamente, la facultad discrecional podría aplicarse de nuevo.
En términos políticos, si Morena perdiera la mayoría en la Cámara, la próxima legislatura tendría que modificar nuevamente la ley para revertir el estado de excepción presupuestal —dudosamente constitucional— que habría dado el poder casi absoluto al Presidente sobre los poderes de la Unión y los estados de la Federación.
Por fortuna, al iniciar el receso del Congreso, la oposición en la Comisión Permanente ha rechazado el periodo extraordinario para dar cauce a la iniciativa. Pero esto puede cambiar en cualquier momento pues todo indica que para AMLO el triunfo únicamente es tal con la derrota del otro. La lógica de la autocracia, pues.
Académico de la UNAM.
@ pacovaldesu
