En abril del año pasado, el ejecutivo hizo una propuesta de una necesaria reforma electoral constitucional. Lógicamente, esta propuesta contó con el respaldo de la mayoría de los representantes populares en ambas cámaras.

Más importante, las propuestas más relevantes de dicha reforma cuentan con el apoyo de la inmensa mayoría de la población. Quienes pusieron el grito en el cielo, fue la oposición y la cúpula del INE, capitaneada por su anterior presidente Lorenzo Córdova y su fiel escudero Ciro Murayama.

El mismo INE mandó hacer una encuesta, pero como sus resultados mostraron un aplastante apoyo a la reforma, la cúpula del INE trató de ocultar los resultados. Sin embargo, no logró su objetivo y se filtraron los resultados de la encuesta: 93 por ciento de la población estamos a favor de la disminución de recursos para los partidos políticos, 87 por ciento a favor de disminuir el número de diputaciones y senadurías a nivel federal, 74 por ciento a favor de reducir los recursos que se entregan al INE, 78 por ciento a favor que consejeros y magistrados electorales sean elegidos directamente por la ciudadanía y 53 por ciento a favor de desaparecer institutos y tribunales electorales locales, entre otros rubros.

Como era previsible, en la cámara de diputados no se alcanzó la mayoría calificada por lo que la reforma constitucional se desechó.

Al igual que había sucedido con la propuesta de reforma constitucional del sector eléctrico nacional, en 2021, al ser rechazada la reforma, el ejecutivo respondió con cambios en leyes secundarias, tal y como hizo el PRIAN en 36 años de neoliberalismo. El cambio de estas leyes sólo requiere de mayoría simple. En esto consistió el llamado “Plan B” de la reforma electoral.

En junio del año pasado, la oposición anunció una “moratoria legislativa”, consistente en una negativa, por parte de dicha oposición, a aprobar y ni siquiera a discutir cualquier iniciativa de reforma constitucional que llegara al congreso de la unión. Es decir, la oposición se negaba a hacer su trabajo para el cual se les paga. Negarse a discutir en el congreso, pero sí seguir cobrando su sueldo por discutir en el congreso. En este contexto, al perder la votación sobre el Plan B, la oposición recurrió de nuevo al caminito que ha seguido en los últimos años cada vez que pierden una votación: recurrir al poder judicial, en donde tienen muchos aliados, para que dicho poder obstaculizara los deseos de la mayoría de la población.

Es hora de que el poder judicial reflexione seriamente sobre a quién debe servir, ¿a intereses facciosos o a la mayoría de la población?

Académico de la UAQ. anbapu05@yahoo.com.mx