El Poder Judicial de la Federación ante la ignominia

Jesús Rodríguez Hernández

En días pasados el Ejecutivo Federal envió una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, “denunciando la suspensión de la reforma eléctrica” propuesta por él. La misiva dice: "De manera respetuosa, en observancia al principio de separación de poderes, le solicito que el consejo que usted preside determine e informe si a la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso”.

Lo anterior se debe a que en días anteriores, un juzgado en la Ciudad de México otorgó suspensiones provisionales contra la aplicación de la Ley de la Industria.

La respuesta del ministro Arturo Zaldívar fue: “Como usted sabe, es presupuesto de la democracia y del Estado de Derecho que juezas y jueces puedan actuar en un marco de autonomía. [...] Seguiremos cumpliendo con esta encomienda”.

Al considerar como “excusa”, el Estado de Derecho, anuncia que no renunciará a ejercer sus “facultades como Presidente” y “libertades como ciudadano”. Varios juristas opinan que es una ofensa al honor y dignidad del Poder Judicial, que es un descrédito y una acción indigna.

Si nos remitimos a nuestra Carta Magna encontraremos que: “El Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”.

La teoría nos dice que la división de poderes y garantías del gobernado son los dos supuestos jurídicos básicos en que se fundamenta la moderna estructura constitucional del Estado.

John Locke y Charles Louis de Secondat (Montesquieu), plantean que esta división se justifica por necesidades funcionales y de mutuo control. Parten de la premisa de que las decisiones no deben concentrarse, por lo que los órganos del poder han de autocontrolarse a través de un sistema de contrapesos y equilibrios es decir, es el procedimiento de ordenación del poder de autoridad que busca el equilibrio y armonía de fuerzas.

Sin embargo, se percibe que no existe ese supuesto “respeto” del ejecutivo Federal al Poder Judicial de la Federación, como lo señala el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío Díaz, “Escuché lo que el Presidente dijo en su conferencia mañanera. Me preocupan sus afirmaciones descontextualizadas y parciales sobre mi persona. Pero más aún su incomprensión del Estado de derecho. Los jueces son los garantes finales de la Constitución”.

Esta actitud del Presidente de la República es una agresión al marco institucional de México, no sólo es motivo de preocupación por el riesgo que representa para la división de poderes, sino que ignora la autonomía del Poder Judicial.

El ministro Arturo Zaldívar tiene la gran encomienda, como honorable presidente de la Suprema Corte de Justicia, de defender y frenar los excesos del Presidente de la República. Pero no se ve autonomía de la Suprema Corte ante las exigencias presidenciales. El ministro está tratando de ajustar los hechos para dar una respuesta adecuada al Presidente, como cuando lo hizo con la enmienda a la pregunta sobre la consulta sobre el juicio a expresidentes.

El diferendo por los amparos contra la Ley Eléctrica ha puesto al descubierto el arrebato incontrolable del Presidente y su desprecio a la división de poderes. En este momento el Poder Judicial debe demostrar su independencia, ésta debe de quedar clara, sin la menor duda ante la población. Y no está ocurriendo así.

¿Todos los miembros del Poder Judicial de la Federación, incluyendo los ministros, aceptarán en silencio la ofensa?

 

 

Expresidente municipal de Querétaro y ex legislador. @Chucho_RH

 

 

 

 

 

 

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