20 / septiembre / 2021 | 17:22 hrs.

El negocio de la política

Jerónimo Gurrola Grave

Llama la atención cómo en la medida en que se van acercando los períodos electorales cada tres o seis años, a los políticos les nace la inquietud de organizar eventos públicos masivos, festejar cumpleaños, visitar los pueblos y comunidades de las distintos municipios, y en los días previos a la elección hasta echan la casa por la ventana, regalando de todo: camisetas, lapiceros, gorras, pelotas, morrales, despensas, láminas, tinacos, etcétera, gastando importantes cantidades de dinero que por no ser suyo, seguramente rebasa con mucho lo establecido por las leyes electorales, sin que haya ninguna sanción para ellos o sus partidos.

Tampoco pasa desapercibido el hecho de que cientos de políticos acostumbrados a vivir del erario público, con la aprobación y el consentimiento de quienes deben poner orden en el manejo de los recursos del pueblo avalen, como hacen los diputados de la LVIII legislatura de Querétaro, a funcionarios con salarios que van de los 45 hasta 85 mil pesos mensuales y se auto avalen cínicamente y jubilen con groseras pensiones vitalicias para continuar disfrutando del dinero fruto del trabajo de miles y millones de hombres y mujeres humildes que viven no solo en la pobreza sino en la miseria.

Igual sucede con los señores diputados como los de la LVII legislatura que en lo oscurito se incrementaron su salario y que calladamente había aceptado la legislatura actual, de pasar de 47 mil a 87 mil pesos mensuales, pero que ante las críticas de la sociedad revocaron el acuerdo, incrementándose por otro lado su percepción por prerrogativas a $160 mil pesos mensuales y que ahora, a pesar de los emotivos discursos de sus primeras sesiones donde hablaron de legislar para uniformizar los salarios de los servidores públicos para evitar derroches, según el presidente de la comisión de planeación y presupuesto cada diputado recibirá por los primeros tres meses de trabajo 240 mil pesos, que asciende a un total de 6 millones de pesos.

Destaca también a mi juicio entre el derroche de recursos de los servidores públicos, el contrato de arrendamiento contraído por las autoridades del municipio de Querétaro con la empresa Helico de México S.A. de C.V., de 600 horas de vuelo —un promedio de 1.6 horas al día— durante un año, de un helicóptero tipo Bell 206 para que un máximo de cuatro policías de manera novedosa y sorprendente pero sin ton ni son sobrevuelen la ciudad para hacer creer a la población que durante ese tiempo su seguridad está a salvo, significando un gasto de casi 32 mil pesos.

Y mientras se derrocha indiscriminadamente el dinero del pueblo como campañas políticas, jugosas jubilaciones, excesivos salarios y lujos aéreos sin sentido, cuando el pueblo pobre, organizado o de manera individual asiste ante las autoridades a gestionar obras tan elementales como agua, luz, drenaje, pavimento, aulas o clínicas para mejorar su calidad de vida, el recibimiento y la excusa de estas para no comprometerse a hacer obra pública ha sido siempre la misma: “no hay dinero”, “me dejaron el cajón limpio”, “quienes terminaron su gobierno se llevaron hasta los cestos de basura”, “me dejaron grandes deudas con proveedores, laudos y deuda a trabajadores”, “es un gran sacrificio y no es negocio ser presidente municipal”, etcétera.

Si las presidencias municipales, diputaciones y demás puestos públicos no son negocio e implican demasiado sacrificio para quienes ocupan estos puestos, como dicen a punto de soltar el llanto, ¿por qué no dejárselo a quien sí tenga vocación de servicio y quiera trabajar por su pueblo desinteresadamente?

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