Desde el proceso electoral de 2006 desacreditar al árbitro se ha convertido en deporte nacional en México. Sin embargo, el acoso al que se ha sometido al Instituto Nacional Electoral en los últimos días es inédito. De las críticas y las descalificaciones pasaron a las amenazas; todas ellas bajo el auspicio del partido en el gobierno y del propio Presidente de la República.
Andrés Manuel López Obrador construyó una narrativa para atacar a las instituciones electorales sobre el mito del fraude electoral de 2006. Sin embargo, no es lo mismo hacerlo como candidato o líder de un partido que como Presidente de la República. En esa posición el mensaje es claro: si lo hace el presidente no sólo está permitido, es legítimo; por ello, quienes lo siguen, hacen bien imitándolo. López Obrador personifica a la eterna víctima de las instituciones electorales desde que el entonces Instituto Electoral del Distrito Federal intentó negarle el registro para contender por la jefatura de gobierno del D.F., en 2000 por no cumplir los requisitos de residencia. El fraude electoral de 2006 es el mito fundacional de Morena, por ello, al presidente López Obrador le resulta no sólo doloroso sino electoralmente muy caro abandonarlo.
Nuestro sistema electoral es complejo y nuestra democracia costosa producto de la desconfianza. En el marco de un sistema autoritario resultaba indispensable establecer controles que limitaran el poder del partido en el gobierno y garantizaran que la voluntad ciudadana expresada en las urnas se respetara. Sin embargo, nuestros procesos electorales son complejos y costosos también, en gran medida, por las reformas producto de los conflictos postelectorales protagonizados por el hoy Presidente de la República. Algunas de las reformas eran claramente necesarias para garantizar la equidad en la competencia y la imparcialidad del árbitro; otras, francamente excesivas. Lo cierto es que son las reglas del juego que rigen este proceso electoral y a las que, sin excepción alguna, deben someterse quienes aspiran a participar en él.
El Presidente desprecia y descalifica a la autoridad electoral pero sus dichos y hechos ponen en tela de juicio la vocación democrática de su partido, su gobierno y la suya propia. Solo en ese contexto se explica que Félix Salgado amenace al INE y a las y los consejeros que votaron por la cancelación de su registro sin consecuencia alguna —a pesar de que esa conducta está tipificada en el Código Penal federal—; que Mario Delgado proponga exterminar al INE y acuse a las y los consejeros de ir contra el presidente y su proyecto; que Andrés Manuel López Obrador acuse al INE de no actuar con rectitud y estar sometido a grupos de intereses mientras mantiene un embate constante contra la autoridad electoral a partir de una retahíla de falsedades. ¿Acaso se les olvida que prácticamente es el mismo Consejo General que reconoció su triunfo en 2018?
Hay muchos temas en juego en este proceso electoral, no sólo por su tamaño, sino también por el impacto que el resultado puede tener en el futuro de nuestro país. Hoy más que nunca nuestra democracia está en riesgo.
Estamos frente a un gran prejuicio, alegar fraude y exigir que se pase por encima de la ley para satisfacer un capricho no es ser crítico, ni liberal, ni demócrata; es ser profundamente autoritario. Los regímenes autoritarios aceptan los resultados, sólo cuando los favorecen.
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