Los riesgos catastróficos son importantes no solamente porque son muy grandes, de baja frecuencia y alta severidad, sino porque tienen la particularidad, no  sólo en México sino en todo el mundo, de generar efectos económicos y sociales que pueden ser devastadores. De acuerdo con Manuel Aguilera Verduzco, director general de Mapfre Economics, los costos económicos que puede tener un desastre natural por sobre una crisis financiera son mucho mayores.

Durante su participación en la XVII Convención Anual organizada por la empresa Evaluación de Riesgos Naturales (ERN), la firma que es líder en Latinoamérica  en soluciones para la administración de riesgos naturales que dirige el doctor e investigador Eduardo Reinoso, señaló que el tamaño de las pérdidas que se generan ante una gran crisis financiera en el mundo puede tener un costo fiscal anual de entre 10 y 15%,  y si se considera la duración de estas crisis, de entre cuatro o cinco años, puede alcanzar hasta  50% del PIB; sin embargo, dice, “una catástrofe puede llegar a tener costos incluso superiores a los que implican estas grandes turbulencias económicas y,  por lo tanto, los efectos que tienen sobre la continuidad del funcionamiento económico y sobre el bienestar de la población pueden ser igual o más graves”.

No obstante, podemos ver que para protegerse de las crisis financieras en todo el mundo los gobiernos instrumentan escenarios, regulaciones, comisiones, etcétera, mientras que para enfrentar los riesgos catastróficos no se tiene una práctica estandarizada, y lo que se observa a nivel internacional es el diseño de algunos instrumentos institucionales para tratar de librar de la mejor manera la situación.

Pero detrás de esto, como lo advirtió quien fuera también presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), hay un tema de instrumentación de políticas públicas, donde es necesario estar claros y conscientes que proteger a la sociedad y la economía de eventos o turbulencias económicas es tan importante como protegerla de los efectos económicos que generan los siniestros derivados de riesgos catastróficos.

Cabe recordar que cuando se habla de políticas públicas, no se trata de acciones que el gobierno resuelva por él mismo, sino que de que éste establezca mecanismos e incentivos para la sociedad y la iniciativa privada, e impulse la colaboración de todos para atender el problema.

En México ese es un proceso que ha tomado mucho tiempo, por lo menos tiene 25 años:

“Este proceso de formación paulatina para que la sociedad y el Gobierno puedan atender los riesgos catastróficos no es un esquema acabado, un poco la sensación actual es que medidas como la reducción de los fondos al fideicomiso del Fonden o la actual extinción del fideicomiso pareciera ser un paso hacia atrás”.

Juan Ignacio Gil Antón, vicepresidente de seguros del Grupo Peña Verde, también hace hincapié en la importancia de la prevención y de poner foco en las políticas  públicas al respecto para coadyuvar a crear ciudades y países cada vez más resilientes.

Con base en estadísticas de finanzas públicas, para tener una idea de lo que se gasta en México en la atención desastres naturales, tan sólo en 2017, se usaron  más de 33 mil millones de pesos para atender algunos eventos como sismos, inundaciones y heladas.

“Al revisar el desglose, se gasta en despensas, agua, cobertores, es decir, el gasto es para que las personas que sufrieron el evento no la pase tan mal en  ese momento, pero falta ir más allá, ¿cómo nos reponemos del impacto económico y en la economía de las personas que tienen en el largo plazo y mediano plazo efectos devastadores?”, cuestiona el expresidente de AMIS, quien además señala que somos uno de los  cinco países con mayores pérdidas por desastres naturales en el mundo, y el más expuesto a estos eventos en América Latina.

De enero a julio del 2019, según estadísticas del Fonden se atendieron más de 570 mil personas por heladas, granizo, incendios e inundaciones.

Decían durante  la Convención de ERN algo que me pareció muy relevante, y es que no es posible que una vez que pasa una inundación, unos meses después las casas dañadas se construyan en el mismo sitio de la inundación y que nosotros como sociedad lo permitamos. No es posible  que veamos hoy edificios que se dañaron en el 85 que otra vez se les está poniendo la pintura antisísmica para poder vender después del daño de 2017.

Sin duda, falta tanto por hacer, como sociedad necesitamos sensibilizarnos de esta gran problemática y seguir empujando la cultura de la prevención y la resiliencia  en el país. Pongamos foco en las políticas públicas y acciones conjuntas para enfrentar los desastres naturales porque para ello hay que trabajar en todos los niveles. En términos de desastres naturales no podemos predecir, pero sí podemos prevenir.


@lucyquiroga @finanzasentacon

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